Una «vendetta» de IU bloquea el acuerdo de PSOE y PP con CiU

La tarde anterior, la Mesa de la Cámara había vetado tramitar la enmienda a la totalidad presentada por la coalición de Gaspar Llamazares, y éste aguardó su momento para cobrarse la revancha a los grupos mayoritarios. «Aviso en serio. Vetaré cualquier transacción de PP y PSOE. En justa correspondencia. El que avisa no es traidor», advertía media hora antes de la votación en su cuenta de twitter. Y lo consumó. Cuando el presidente Bono preguntó, como establece el Reglamento, si algún grupo se oponía a la votación de dos transaccionales pactadas por PSOE y PP con CiU para añadir la coletilla «bajo el respeto a la autonomía financiera de las Comunidades» en lo que se refiere a las excepciones del déficit estructural, Llamazares levantó la mano: «Me opongo», dijo. Así que el deseo de Gobierno y oposición de alcanzar al menos un acuerdo parcial con el tercer grupo de la Cámara saltó por los aires. Gaspar Llamazares se ganó sonoros abucheos de socialistas y populares cuando tras consumar su desquite quiso salir del hemiciclo para no participar en la votación final.

En todo caso, los nacionalistas catalanes sólo hubieran votado a favor de la transacción, como diría después Duran Lleida, y no del conjunto del redactado. CiU mantuvo su estrategia de no participar en la votación, e igual haría el PNV. Ninguno de los dos quiso ser «cómplice» de una reforma que no comparte ni en el fondo ni en la forma y para la que además dicen o haber sido consultados.

Así que el resultado del nuevo artículo 135 de la Constitución salió aprobado con 316 votos a favor (PSOE, PP y UPN), nueve menos de los que sumó la Carta Magna en su aprobación en 1978, y 104 más de los 212 necesarios para que la reforma pase ahora al Senado. Cinco diputados votaron en contra (Coalición Canaria, UPyD y dos del PSOE, Antonio Gutiérrez, que mantuvo su discrepancia igual que en la toma en consideración y el balear José Manuel Bar Cendón, que se equivocó). ERC, BNG, ICV y NaBai se ausentaron del pleno en el momento de la votación.

División en el PSOE
Tampoco asistieron a la sesión los tres diputados de la corriente Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha, Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias, que por disciplina de grupo votaron el martes a favor de la toma en consideración de la reforma, aunque son críticos con su contenido. Fue esta la fórmula con la que decidieron escenificar la división que esta reforma constitucional ha provocado en las filas del PSOE.

Todo esto en una sesión que empezaba, a pesar de la trascendencia de lo que se votaba, con un hemiciclo semivacío y con una pregunta sin respuesta: por qué quienes impulsaron la reforma, esto es Zapatero y Rajoy, no subieron a defenderla a la tribuna del Congreso ni el pasado durante el debate de la toma en consideración ni tampoco ayer. Fueron por el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el PSOE, José Antonio Alonso, quienes vincularon la salida de la crisis con la reforma constitucional, quienes defendieron que con ella se envía un mensaje de «certidumbre y confianza» a Europa, y quienes recordaron que «sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el Estado de bienestar», añadió Santamaría. «Sin austeridad de sube de forma "indiscriminada"los presupuestos y hay recortes sociales», advirtió, y en, que con la reforma, según la popular, «se da una oportunidad a España, a los parados, los emprendedores, los jóvenes...» y, según el socialista, que así se «garantiza la sanidad, la educación, las pensiones».

Lo que resta de la tramitación
- PSOE y PP estudian presentar en el Senado en forma de enmiendas las transaccionales pactadas con CiU que vetó ayer IU. Esto será siempre que haya tiempo para que la reforma esté lista antes de la disolución de las Cortes el próximo 26 de septiembre, puesto que si el texto es modificado en la Cámara Alta tendrá que volver al Congreso de nuevo, lo que podría dilatar los tiempos.
- De momento, la reforma se someterá a votación en el Senado el próximo miércoles, donde requerirá de nuevo una mayoría de tres quintos.
- Una vez aprobada, sería sometida a referéndum para su ratificación siempre que así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de cualquiera de las Cámaras, esto es 35 diputados ó 26 senadores.
- La reforma debería aprobarse cómo mínimo 15 días antes de la disolución de las Cortes para cumplir el plazo que reza en la Constitución para solicitar un referéndum.