El TSJC reprueba la operación de los Mossos d'Esquadra en los juzgados

BARCELONA- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) calificó ayer de «claro abuso» la operación policial en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para detener a seis indignados que se habían entregado. Tras una reunión extraordinaria para analizar la irrupción de los antidisturbios, los presidentes de las audiencias y los jueces decanos exigieron responsabilidades por unos hechos de «extrema gravedad».

El pasado jueves, medio centenar de agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se presentaron en la cafetería de la Ciudad de la Justicia para detener a seis implicados en los actos de acoso da los diputados del Parlament de Cataluña el pasado 15 de junio. Tras analizar lo sucedido, los jueces redactaron un acuerdo en el que sostienen que «la actuación policial en el bar de la Ciudad de la Justicia fue desproporcionada y constituyó un claro abuso en el ejercicio de la fuerza».

«Desprecio a los derechos»
«La incalificable operación de la semana pasada sólo puede entenderse desde el más absoluto desprecio a los derechos individuales de los ciudadanos», consideró el acuerdo de la Sala de Gobierno, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, después de examinar los informes elaborados por la juez decana, que precisamente se encontraba en la cafetería cuando irrumpieron los Mossos, y el juez de guardia al que se habían entregado los indignados.

Teniendo en cuenta que el juez de guardia, que se encontraba fuera del edificio cuando llegaron los agentes, estaba a la espera de conocer las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Sala de Gobierno del TSJC recuerda en su comunicado que, de acuerdo con la ley, «los Mossos d'Esquadra necesitan la autorización de la juez decana de Barcelona para entrar en el edificio judicial para practicar detenciones». Por ello, para el TSJC «lo más grave» de lo sucedido el pasado jueves es que la detención fue «absolutamente innecesaria para la práctica de las diligencias policiales o judiciales», ya que los seis indignados se habían puesto a disposición del juzgado de guardia y estaban a la espera de una decisión judicial.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del jueves 6 de noviembre. Sobre las 13.00 horas los indignados habían comparecido ante el juez de guardia, para entregarse voluntariamente. El juez de guardia envió un oficio al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para comunicarle que tenía a su disposición a nueve imputados por el acoso a diputados del Parlament, y estaba a la espera de recibir órdenes.

Mientras el juez estaba fuera del edificio, los agentes irrumpieron a las 15.00 horas en la Ciudad de la Justicia para efectuar las detenciones, lo que motivó que el juez de guardia, alertado por un abogado, se presentara en el edificio y, visiblemente irritado, emplazara a los mandos policiales a acudir a su despacho para darle explicaciones.

Cuando se encontraban en el despacho, el juez de Barcelona recibió una comunicación de la Audiencia Nacional que le indicaba que se abstuviera de intervenir en el caso. El conseller de Interior, Felip Puig, admitió la semana pasada que hubo descoordinación.

Declaraciones en la Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco continúa hoy tomando declaración a diecisiete de los veinte imputados por su supuesta implicación en los actos de acoso a diputados del Parlament el pasado 15 de junio. Los interrogatorios a los imputados, acusados de un delito contra las instituciones del Estado, comienzan a partir de las diez de la mañana y podrían alargarse todo el día. El viernes pasado, el magistrado Velasco tomó declaración a los otros tres imputados y les impuso comparecencias quincenales y les obligó a facilitar la dirección de su domicilio habitual y un teléfono de contacto.