Rajoy y el sector público

En España se emplean 47 días en constituir una empresa, lo que nos sitúa en el puesto 49 del ranking internacional, según un informe difundido por el Banco Mundial que hoy publicamos en nuestro periódico. Es un despropósito que, ante los cinco millones de parados que arrastra el mercado laboral, la Administración no haya movido un dedo para ayudar a los emprendedores aliviándolos de burocracias estériles y de trámites disuasorios. Que para crear una empresa se exijan más condiciones, más tiempo y más garantías que, por ejemplo, para practicar un aborto pone de manifiesto cuáles han sido las prioridades del Gobierno socialista durante estos ocho años. Mariano Rajoy prometió ayer, en el foro que su partido celebró en Zaragoza sobre la reforma del sector público, enmendar esta situación de modo que sea posible crear una empresa en 24 horas. Acierta plenamente el presidente del PP al colocar a la Administración como aliada de los emprendedores, en vez de como su enemiga. Porque de eso se trata, de que el sector público esté al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa. Son numerosas y variadas las medidas que Rajoy ha puesto encima de la mesa, algunas ya conocidas (Estabilidad Presupuestaria, Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Pacto por la Austeridad, etc.), pero otras están llamadas a tener un fuerte impacto en la dinamización de la economía. Varias de ellas persiguen el objetivo de reforzar la unidad de servicios y de normativas para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, sea cual sea la comunidad en la que residan y trabajen. Así, Rajoy establecerá por Ley una cartera de servicios públicos básicos comunes, entre los que se incluye la Educación, la Sanidad y los servicios sociales. No menos importante será la Ley de Unidad de Mercado, con el propósito de ordenar la maraña legislativa que han creado las comunidades autónomas, para desesperación de los inversores extranjeros y de los propios empresarios españoles, que deben sortear17 normativas, autorizaciones y licencias distintas, y a veces contradictorias, para vender sus productos o abrir nuevos negocios. Otras medidas anunciadas por el presidente popular están relacionadas con la imparcialidad de las administraciones y sus organismos de control. Unos de los males más arraigados en la gestión pública son la arbitrariedad y el amiguismo alimentados por intereses políticos. El Gobierno socialista los ha llevado a niveles de república bananera, sobre todo a la hora de repartir las subvenciones y de intervenir los órganos reguladores. En este punto, Rajoy pretende restituir la decencia en la concesión y reparto de ayudas mediante una Ley de Subvenciones que tase con criterios objetivos y erradique la discrecionalidad. Igualmente, es de gran importancia la racionalización y reforma de los organismos reguladores. La obsesión intervencionista del PSOE ha sembrado el BOE de una costosa burocracia destinada a colocar a los afines y controlarla políticamente. Conviene, por tanto, un recorte racional y, sobre todo, garantizar la independencia de los reguladores mediante la elección de sus miembros por una mayoría reforzada del Congreso. Es la única forma de que recuperen la credibilidad y la confianza que han perdido en estos ocho años por culpa del dirigismo socialista.