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Caamaño sobre el indulto a presos etarras: «Se decidirá en el futuro»

El ministro de Justicia confirma que la Abogacía del Estado no impugnará las listas de Amaiur, la coalición que la izquierda 'abertzale' quiere presentar el 20-N. Respecto a los política penitenciaria y al posible indulto de presos etarras asegura que «habrá que estudiar los casos uno a uno» y será algo que «habrá que decidir en el futuro».

"Hasta ahora la política en esto es clara. Nunca se ha indultado a nadie que haya cometido delitos de esa naturaleza y por tanto serán gobiernos futuros, y en función de los escenarios también futuros, los que hayan de tomar esa decisión", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que "el respeto a las víctimas y la opinión que ellas merezcan en todas estas cuestiones será fundamental", para añadir que deberá ser el gobierno resultado de las próximas elecciones generales el que decida asimismo sobre todas las cuestiones relativas a la política antiterrorista y la situación de los presos.

No obstante, ha asegurado que el anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada ha traído consigo "el inicio de un nuevo clima"en el ámbito de las cárceles españolas en las que, ha recordado, "hay cumpliendo condenas terroristas de ETA o a la espera de sentencias", si bien ha advertido de que independientemente de este nuevo ambiente, la Ley y el Estado de Derecho se seguirán aplicando "en los procesos judiciales en curso".

"Hasta ahora la aplicación de la ley ha sido una buena vía segura y creo que es la que tenemos que seguir manteniendo", ha explicado, al tiempo que ha emplazado al Gobierno resultante de las próximas elecciones generales a encargase de las decisiones relativas a la política antiterrorista.

Guiño a Otegi

Por otra parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que si el dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi está dispuesto a avanzar para la consolidación del nuevo escenario de paz "será bienvenido", con independencia de las responsabilidades penales que tenga que asumir.

Caamaño, en declaraciones a la Cadena SER, ha insistido en que la situación de Otegi -en prisión desde octubre de 2009 y condenado el mes pasado a 10 años de cárcel por integración en ETA- está pendiente de recurso ante el Supremo y ha pedido que se deje a los tribunales que cumplan su cometido.

Al margen de ello, el ministro ha dicho que todo lo que suponga caminar en la búsqueda y consolidación de este proceso será bueno y, por lo tanto, "cuanto más avancemos en él, con prudencia pero sin pausa, mejor será".

"Si el señor Otegi -ha dicho Caamaño- está dispuesto a avanzar también en la buena dirección, la consolidación definitiva de este nuevo escenario de paz, siempre será bienvenido, con independencia de las responsabilidades penales que tengo en su caso que asumir".

El titular de Justicia ha confirmado que los informes de las fuerzas de seguridad sobre la coalición Amaiur no aportan la existencia de indicios de criminalidad suficientes como para, a juicio de la Abogacía del Estado, emprender una acción legal.

Por ello, según el ministro, "en principio"no habrá impugnaciones a la coalición formada por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba.

Francisco Caamaño se ha referido también a la equiparación por parte de algunos ámbitos de la izquierda abertzale de las víctimas de ETA con aquellos que hubieran sufrido excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

"No deberíamos perder la perspectiva", ha dicho el ministro, quien ha recordado que es una "desproporción"intentar poner en el mismo plano a una Estado democrático y a una banda terrorista que ha matado y ha coartado la libertad de muchos ciudadanos vascos y españoles.

Los excesos de algunos miembros de la fuerzas de seguridad en su lucha contra el terror se depuran con el Estado de Derecho, ha subrayado.
 
Caamaño no ha querido mojarse al ser preguntado sobre su postura hacia la denominada doctrina Parot, que insta a los tribunales a restar beneficios penitenciarios a los presos de cada una de las condenas impuestas, en lugar de hacerlo sobre los 30 años de límite máximo de estancia en prisión. ''Es jurídicamente complejo, está en manos del Tribunal Constitucional y sería muy arriesgado dar una posición general", ha despejado el titular de Justicia. "Habría que estudiar los casos uno a uno y esperar a que el Constitucional se pronuncie".