Barcelona
El Govern recurrirá el auto del TSJC y no se plantea cambiar modelo lingüístico
La consellera de Educación, Irene Rigau, ha asegurado que la Generalitat presentará un recurso contra el auto del TSJC que da dos meses al Govern para que adapte su sistema educativo y el castellano sea lengua vehicular, y se ha mostrado convencida de que no será necesario cambiar el actual modelo.
El gobierno catalán no se plantea un cambio del modelo lingüístico pese a la sentencia del TSJC que ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte su sistema educativo y el castellano sea lengua vehicular y ha anunciado que recurrirá el auto.
La consellera de Educación, Irene Rigau, ha asegurado en una rueda de prensa que la Generalitat presentará un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes de la fecha límite del 6 de septiembre, y se ha mostrado convencida de que no será necesario cambiar el actual modelo.
La resolución puede ser recurrible, pero su impugnación no suspendería en principio la ejecución de la sentencia a no ser que el propio tribunal así lo acordara, a instancia de alguna de las partes.
No obstante, la consellera cree que no será necesario llegar a aplicar lo que recoge la resolución del tribunal, una vez que se remita nueva información al TSJC sobre los beneficios del actual modelo.
Rigau ha defendido el modelo escolar catalán que, ha dicho, "ha sido patrimonio colectivo de este país y que no ha generado diferencias y que ha permitido el conocimiento de los dos idiomas a la vez que garantizado la cohesión social".
El auto del TSJC fija un límite para que la Generalitat cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Tribunal Supremo estableció que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán.
La sentencia del Supremo, cuya ejecución corresponde ahora al TSJC, apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
El pasado mes de junio, el alto tribunal catalán requirió al Departamento de Educación que le
informara en el plazo de diez días de las concretas medidas que había adoptado para cumplir la sentencia del Supremo.
La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación que concluía que para "garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales"al finalizar la enseñanza secundaria, es necesario continuar con el actual sistema.
Enseñanza argumentaba también en su escrito que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite el cambio del modelo educativo actual.
Para el TSJC, dicho escrito "resulta insuficiente para considerar cumplida"el fallo del Supremo, por lo que ha instado a la Generalitat a aplicarlo y le ha concedido un plazo de dos meses dada la "complejidad"que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia.
El auto obliga a la Generalitat a informarle de las medidas adoptadas, una vez transcurrido el plazo de dos meses, y advierte de las "consecuencias legales"que puede suponer el incumplimiento de este auto.
De hecho, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia.
La sentencia del Supremo sobre el catalán obedece a los recursos interpuestos por padres de alumnos escolarizados en Cataluña que denunciaron el modelo de "inmersión"monolingüe imperante, en su opinión, en el sistema educativo catalán y advertían de que el estudio del castellano queda reducido a una asignatura más.
La asociación catalanista Òmnium Cultural ha abogado "poder cumplir con la legitimidad democrática"y ha animado así a la desobediencia del auto, al igual que ha hecho ERC.
El PP catalán ha anunciado que presentará el lunes una propuesta de resolución en el Parlament con la que pretende forzar al Govern a cumplir la sentencia del TSJC, mientras que, por el contrario, ICV ha pedido a la Generalitat que garantice la inmersión lingüística y "un sistema educativo catalán que siga teniendo el catalán como lengua vehicular".
El presidente del grupo Socialista al Parlamento catalán y jefe de la oposición, Joaquim Nadal, ha enfatizado que los socialistas catalanes están "al lado del Govern en la defensa del modelo lingüístico de las escuelas catalanas".
En la misma línea, la futura candidata del PSC en las elecciones generales y ministra de Defensa, Carme Chacón, ha defendido el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y ha considerado que éste ha garantizado la cohesión social y lingüística.
Por el contrario, Ciutadans ha celebrado la resolución del TSJC como "un triunfo del Estado de derecho y de los ciudadanos frente al nacionalismo"y la entidad Convivencia Cívica Catalana, que llevó el caso a los tribunales, se ha arrogado el mérito de haber logrado "la desaparición del modelo de inmersión lingüística"en Cataluña.
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