Familiares de niños robados piden pruebas de ADN sin autorización de los jueces

Entre ellas, han reclamado que puedan someterse a pruebas de ADN sin necesidad de interponer una denuncia para agilizar las búsquedas. La disolución de las Cortes ha empujado a la 'Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España de la causa de niños robados' a remitir este informe al ministro de Justicia ante la imposibilidad de cumplir con la medida que pactaron el pasado febrero los grupos parlamentarios sobre la celebración de una segunda intervención sobre este asunto en el Congreso de los Diputados.

En su escrito, los afectados por el tráfico de niños emplazan al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al resto de órganos competentes del Estado a gestionar de manera "inmediata y prioritaria"la realización de las pruebas de ADN que les ayuden a cotejar sus muestras genéticas y a encontrar a los hijos y hermanos que buscan. "Debería ser un derecho obligado", añaden.

En este sentido, consideran "un error"que el Estado obligue hasta ahora a las familias a interponer una denuncia y "a buscar culpables" para poder someterse a estas pruebas y, por lo tanto, a "estar sujetos siempre a que los jueces así lo acrediten".

El informe, suscrito por la coordinadora de la Plataforma, Mar Soriano, reclama también la colaboración de la Fiscalía General del Estado para que interceda a favor de las investigaciones y agilice los procesos. En este punto, recuerda que el Ministerio Público ha archivado la mayor parte de sus denuncias por falta de documentación
o ante la "imposibilidad de acreditarse por pruebas de ADN la certeza del fallecimiento".

PIDE DOCUMENTALISTAS ESPECIALIZADOS
En pro de las investigaciones, la agrupación de víctimas solicita profesionales específicos, como pueden ser documentalistas especializados, para acceder a los archivos y esclarecer los datos registrados en los libros hospitalarios y administrativos de fallecidos y de nacidos.
"Tenemos la certeza y pruebas de casos ya resueltos (...) pero no tenemos no tenemos acceso por no figurar legalmente como familia y nosotros directamente no podemos gestionarlo por estar sujeta dicha información a la Ley de Protección de Datos", explica.

En cualquier caso, las víctimas piden ayuda al ministro de Justicia para que les facilite un mayor "apoyo institucional". Ven imprescindible que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido, se coordine con el Gobierno y otros organismos nacionales e internacionales que trabajan en el marco de los Derechos humanos, "justificando la no prescripción de los delitos".

"Se hace necesario, por derivación la apertura de una investigación individual pero a la vez generalizada desde los órganos jurídico-democráticos competentes: ello daría a la familia y a la sociedad en general la información necesaria para el esclarecimiento contundente de estos hechos", señala.

Para finalizar, la plataforma pide al coordinador para atender a los afectados, Angel Núñez, que emita por escrito las actuaciones que ha efectuado para resolver esta causa desde su nombramiento por el Ministerio de Justicia el pasado febrero.