El TS cuenta con un «progresista» más para fallar sobre Bildu

Sin embargo, en esta ocasión hay una diferencia respecto a la composición de la Sala que impidió la presencia de Sortu en los comicios del 22-M. Diferencia que no es baladí, toda vez que un magistrado considerado «conservador» será sustituido por otro de tendencia «progresista». En concreto, Jesús Corbal no participará en esta ocasión en la decisión que se adopte, ya que no forma parte entre los «titulares» que integran la Sala Especial del Supremo, y, en el caso de Sortu ocupó la plaza que le corresponde a Xavier O'Callaghan, quien no pudo tomar parte al encontrarse enfermo.

Corbal votó a favor de la estimación de las demandas presentadas por Fiscalía y Abogacía del Estado para impedir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, y, de esa forma, cerrar el paso para que concurriesen en las próximas elecciones de mayo. O'Callaghan, por su parte, será la vez primera que tenga que enfrentarse a unas demandas relacionadas con candidaturas sobre las que existe sospecha de estar «contaminadas» por Batasuna.

La postura que mantenga puede incluso ser más que relevante. Y ello porque, según señalaron ayer a este periódico fuentes jurídicas, se da por prácticamente seguro que los siete magistrados que «avalaron» la presencia de Sortu en las elecciones mantendrán ahora el mismo criterio respecto a Bildu. «Si entonces ya se sostenía la presunción de legalidad, con más motivo ahora, ya que se trata de una coalición de la que es parte importante un partido legal, como es Eusko Alkartasuna, por lo que existe más motivos para apreciar esa apariencia de legalidad».

De mantener ese criterio y sumarse al mismo O´Callaghan, se daría la circunstancia más que especial, siempre que los que «frenaron» a Sortu hicieran ahora lo propio, de que se registraría un empate a ocho; con el añadido de que, a diferencia del Tribunal Constitucional, en caso de empate no decide el voto particular, sino que sería una Sala de Discrepancia la que tendría que fallar finalmente sobre las demandas interepuestas. Ésta estaría compuesta por los 16 magistrados de la Sala 61 más otros cinco que se incorporarían para desempatar.

Esta hipótesis tendría el añadido de que prácticamente no habría tiempo material para resolver, ya que la decisión del Supremo debe producirse en todo caso antes de las doce de la noche del sábado. Por ello, no es descartable, según las fuentes consultadas, que al menos uno de los magistrados que se opusieron a permitir a Sortu su presencia en los comicios del 22 de mayo, se inclinara ahora por rechazar las demandas contra Bildu, y, de esa forma, dar «vía libre» a las listas de la coalición.

En todo caso, sí existe una coincidencia generalizada de que en esta ocasión será más difícil probar la continuidad con Batasuna, algo que se reconoce incluso en la demanda que presentó ayer la Fiscalía. «No escapan a este Ministerio el conjunto de dificultades de índole probatoria y también jurídicas que entraña el sostenimiento de esta tesis», afirma al respecto.
Nombramiento anulado

En cambio, quien sí continuará en la Sala del 61 será Rafael Gimeno-Bayón, cuyo nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial fue anulado recientemente –el pasado día 12– por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al ser juez de Carrera en excedencia y haber sido designado para una de las plazas del Supremo reservada para el turno de juristas.

El motivo de que forme parte de la Sala que debe decidir sobre Bildu no es otro que la sentencia en la que se anula su nombramiento no ha sido todavía dictada, por lo que seguirá como magistrado de la Sala Civil hasta entonces. Gimeno-Bayón fue uno de los siete magistrados que votó en contra de la mayoría contra Sortu.

En todo caso, la decisión del Supremo no será definitiva, ya que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Si el Supremo estima las demandas contra Bildu y/o las agrupaciones electorales impugnadas, éstas podrán recurrir en amparo ante el Alto Tribunal. En el caso contrario, Fiscalía y Abogacía del Estado serán quienes busquen en el TC el freno a que puedan concurrir el 22-M. El último día en que se puede pronunciar el Tribunal Constitucional –donde una mayoría progresista– es el 5 de mayo.

Además, existe un segundo plazo para impugnar ante el Supremo listas electorales hasta el 22 de mayo y su decisión sería tres días después como máximo. El TC tendría para resolver los recursos hasta que comience la jornada de reflexión, a las 00:00 horas del 21 de mayo. La Sala del 61 del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite las demandas de la Fiscalía contra todas las listas de Bildu y 18 agrupaciones electorales y dio traslado de la misma a las afectadas para que presenten hoy sus alegaciones. Posteriormente, los magistrados se reunirán para deliberar sobre las cuatro demandas interpuestas. La decisión, mañana.