El Estado asumirá los gastos de daños materiales causados en atentado

MADRID- Memoria, dignidad, justicia y verdad son la ideas fuerza que recorren el texto de la proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que se registró ayer en el Congreso con la firma de todos los grupos parlamentarios. Han tenido que pasar 50 años desde la primera víctima de ETA (un bebé de 18 meses, Begoña Irroz) para que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en qué es una víctima, cuál es el reconocimiento que merece, y cómo debe ser tratada por el Estado. La espera, sin duda, ha merecido la pena, pues el texto, que se presentará el próximo lunes y al que ha tenido acceso este periódico, garantiza un compromiso permanente con quienes han sufrido o puedan sufrir el zarpazo de la violencia terrorista. El Estado salvaguarda, desde ahora, el recuerdo de las víctimas con especial atención a su significado político y su reconocimiento social. Se acabará así, según reza en las exposición de motivos, «con las injusticias y el desamparo, pero también con las equidistancias morales o políticas, las ambigüedades o neutralidades valorativas entre víctimas y victimarios que atenten contra el honor y el buen nombre de las primeras falseando la realidad».El texto persigue un esfuerzo y compromiso colectivo que se concreta, además de en el reconocimiento y en el apoyo integral, también en un aumento cualitativo de las ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho las víctimas. La ley se inspira en el principio de igualdad con criterios que garantizarán un trato más equitativo para respuestas desiguales ante supuestos similares, pero también protege a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la UE.

Ni símbolos ni monumentosLa norma, que reconoce por primera vez la figura de los amenazados, regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan la incorporación a la vida familiar, social o laboral. Queda prohibido expresamente que «en los lugares públicos se haga ostentación mediante símbolos, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas», un aspecto que se complementa con otras medidas sobre el tratamiento que los medios de comunicación hagan de las imágenes de personas y familias. La aplicación de la norma será retroactiva a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960. Se mantiene el principio de asunción por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento (500.000 euros), gran invalidez (750.000), invalidez en su diferentes grados (entre 125.000 y 300.000 euros) y lesiones (100.000 euros) de manera que todas las víctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio. Por primera vez, se configuran las diferentes indemnizaciones por daños de carácter material, daños sufridos en viviendas y vehículos, en establecimientos mercantiles e industriales y en sedes de organizaciones y partidos políticos.Así, en las viviendas habituales serán indemnizables los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario. Serán resarcibles también los daños causados en vehículos particulares. La indemnización comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. De igual modo se crea un «régimen de protección social»: asistencia jurídica gratuita, médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas y todo tipo de gastos médicos, así como preferencia en los planes de políticas activas de empleo y en el acceso a la vivienda, exenciones en las tasas académicas y sistemas de becas. Se consagra por primera vez el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas.

Indemnizaciones y ayudas500.000 euros es la indemnización fija que pagará el Estado por responsabilidad civil en caso de gran invalidez.250.000 euros recibirá la familia en el supuesto de fallecimiento y dentro de la responsabilidad civil del Estado. 180.000 euros es la indemnización planteada para casos de incapacidad permanente absoluta causada por un atentado terrorista.100.000 euros percibirá una persona que padeciera una incapacidad permanente total por atentado terrorista.75.000 euros es la cantidad mínima fijada para las personas que sufran una incapacidad permanente parcial.

- Además, en la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo se establece una serie de indemnizaciones por incapacidad temporal y por secuestro. Así, por el primer caso se pagará el doble del IPREM por día hasta 18 mensualidades. Y por secuestro hasta tres veces el IPREM. - Tienen derecho a la representación y defensa gratuitas por abogado y procurador en todos sus procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición.- Tienen derecho a exención de tasas académicas, concesión de ayudas al estudio, tratamiento específico en vivienda pública, derechos laborales especiales y ayudas para tratamientos médicos.