El sector sanitario rechaza privatizar el sistema público

Barcelona- Los sindicatos sanitarios salieron ayer en tromba para rechazar la posible división del Instituto Catalán de Salud y su privatización. La noticia, que se hizo ayer pública, sentó como un jarro de agua fría al sector público inmerso ahora en una lucha contra le Govern para que los recortes dejen de repercutirle directamente. Y es que la conselleria de Salud se está planteando reemplazar el actual modelo de gestión del ICS por otro divido en empresas, aunque niega que vaya a captar fondos privados, aseguró Joaquim Casanovas, director de la empresa.
«El ICS es el único elemento, capital, para la equidad», sentenció Juan Cobacho, responsable de UGT en el sector público sanitario y añadió «no puede haber ánimo de lucro aunque sí ha de mejorar la eficiencia». Estas palabras las pronunció Cobacho en la sede de dicho sindicato donde todos los representantes de los trabajadores –UGT, CC OO, Metges de Catalunya (MC), Satse y Catac– se dieron cita para anunciar una concentración unitaria. El encuentro es hoy, a las 17.30 horas, ante la conselleria de Salud y el objetivo es volver a alzar la voz contra los recortes.
Todos los portavoces mostraron su profundo rechazo a los planes del Govern de «trocear» el mayor proveedor de servicios públicos sanitarios aunque quisieron ser cautos a la hora de valorar el alcance de las conclusiones del informe que estudia Salud y cuyo contenido dio a conocer ayer el diario «El País». «No hace falta cambiar de gestión sino gestionar bien», apuntó la secretaria de comunicación de Satse, Sheila Gascón. Para Lurdes Alonso, secretaria adjunta de MC, es necesario abrir un debate sobre la gestión de la empresa pero siempre y cuando se defienda la autonomía de la gestión clínica. «Es que está en juego, no ya nuestros salarios o puestos de trabajo, –añadió Marcela Güell de Catac–, sino la vida y el futuro de las personas».
«El ICS desmiente rotundamente que la empresa se plante abrirse a capital privado», apuntó en un comunicado. Sin embargo, la ley ómnibus contempla una modificación de la ley que desde el 2007 rige el ICS en estos términos: «Las instalaciones de los centros y servicios del ICS, por razón de interés público declarado por acuerdo del Consejo de Administración, se podrán utilizar para prestar asistencia sanitaria no financiada con cargo a fondos públicos», es decir con cargo a fondos privados. Aún así, Casanovas insistió «El ICS es una empresa pública y continuará siendo una empresa pública».