Pese a la crisis la población inmigrante sólo cae un 18 %

VALENCIA- Los últimos datos sobre inmigración en la Comunitat Valenciana desmontan la teoría de que la crisis ha hecho que muchos inmigrantes regresaran a sus países de origen. En 2011, únicamente 16.000 personas tomaron esta decisión, lo que representa un porcentaje del 1,8 por ciento.

Según el informe anual sobre migraciones e integración que lleva a cabo el Centro de Formación e Investigación para la integración e inserción laboral de inmigrantes (Ceimigra), entre las tres provincias, hay más de 877.000 inmigrantes, de los cuales el 28 por ciento están en situación irregular. Para el Conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se trata de un «decrecimiento no muy significativo, pero que supone un cambio de tendencia», ya que desde 2001, el número de residentes no nacionales ha aumentado más del 300 por ciento.

En palabras de uno de los autores del documento, Josep Buades, no hay tal oleada de retorno como se cree. «Se preguntan hasta qué punto hay crisis en España, en comparación con la situación económica de sus países».

Por ello, la mayoría se decanta por no regresar, aunque no sea fácil encontrar un puesto de trabajo. La valenciana es la segunda autonomía con la tasa de paro entre la población extranjera más alta, sólo por detrás de Andalucía. Cerca del 37,14 por ciento de los inmigrantes están desempleados, lo que supone un aumento del 7 por ciento respecto a 2010. La media nacional es del 32 por ciento.

Pese a los resultados de la investigación, sus autores hicieron hincapié en que hay motivo para la esperanza. En esta línea, consideraron que la población inmigrante es fundamental para el desarrollo de la economía, debido al envejecimiento de la población española. Buades señaló que el informe pretende redefinir prioridades, optimizar recursos y reactivar el diálogo social. «Este escenario exige priorizar las políticas de integración». En este punto, el director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, denunció que los sectores financieros deberían «arrimar el hombro». «Los poderes públicos deben dar respuestas, pero las entidades tienen que financiar las políticas de inmigración».