La juez pide a la Junta que aclare si otras consejerías dieron ayudas sin control

Sevilla- La juez Mercedes Alaya emitió ayer un nuevo auto en el que reclama a la Junta que aclare si otras consejerías, «a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo», han otorgado subvenciones a través de la fórmula de transferencias de financiación, el modelo elegido para pagar las prejubilaciones y las ayudas a empresas en crisis y que vulneraba la ley de subvenciones e impedía el control administrativo, según denunció en reiteradas ocasiones la Intervención.
En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla reclama a la Junta que «informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras consejerías». La instructora quiere aclarar si la ausencia de procedimiento administrativo ha sido una práctica generalizada o sólo afectó al departamento de Empleo.
Otra vez la juez reprende a la Junta por que la información facilitada es incompleta. Cita un desplegable entregado por la Agencia IDEA pero que no contiene todos los datos que ha venido reclamando. Así, pregunta que si en el citado desplegable «están todas las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a través del IFA, pues se observa por ejemplo la ausencia de la ayuda sociolaboral a Río Grande o a la empresa Antonio Polonio Correa».
Además, exige «la relación de ayudas sociolaborales y a empresas resueltas favorablemente por la Consejería de Empleo y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable».
Alaya abre una línea de investigación específica para aclarar las ayudas que recibió José Enrique Rosendo Ríos –ex concejal socialista de El Pedroso e hijo del ex alcalde de la misma localidad, Rafael Rosendo, «intruso» en un ERE– y su entonces «persona de confianza José María Sayago Lozano». Una trayectoria que arrancó el 7 de noviembre de 2001, ya con el «fondo de reptiles» funcionando merced al convenio entre el IFA y Empleo de julio de ese año. A través de distintas sociedades –La Jarosa, Tierra Virgen, Construcciones Sierra Norte, Arcadia Emprendedora, Matadero Sierra Morena, Montanera de Jabugo, Marco de estudios, Al Ballut, Corral del Conde, Restaurantes andaluces de calidad o Capital siglo XXI– recibió 13.757.483 euros en subvenciones, lo que, según el auto, «implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas».
Alaya pide nuevos documentos sobre los expedientes de las ayudas concedidas a las distintas empresas acogidas a un ERE para ver la implicación de éstas. En este sentido, traslada a la Junta que informe sobre «la identidad de la persona o personas que participaron en la redacción del acuerdo con González Byass –en cuyo ERE figura el ex consejero de Empleo Antonio Fernández–, en particular sobre las anotaciones a mano realizadas en el borrador obrante».
Y apunta hacia otro sitio: las bases de datos extracontables relativas a la contabilidad del IFA a las que se hacen referencia en el informe de cumplimiento de la Intervención general sobre el ejercicio 2003. Alaya pide que se aclaren esos pagos.