Fabra asegura que no recortará el sueldo de los funcionarios

VALENCIA-Les Corts Valencianes celebraron ayer la primera sesión de control al nuevo presidente Alberto Fabra. En un tono menos crispado del que venía siendo costumbre, pero también más encendido que en su discurso de investidura, Fabra negó que fuera a recortar el sueldo a los funcionarios o que pretendiera subir los impuestos, y aseguró que iban a gestionar mejor para, con menos, hacer más.
Defendió a los trabajadores de la Administración «que se esfuerzan cada día» ante los ataques del síndico de Compromís, Enric Morera, que dijo que entre el personal laboral había 15.000 «enchufados».
Fabra apostó por el Corredor Mediterráneo, «cuya construcción generará 16.000 puestos de trabajo al año» y dijo que un Ford fabricado en Almussafes costaba 200 ó 300 euros más por que la no existencia del Corredor encarece su transporte.
El presidente se protegió de las críticas a la situación económica refugiándose en los lugares comunes del PP que achacan los males de índole crematística al Gobierno de la Nación y dijo que «los mercados desconfían de España» y que ello restaba liquidez.
Declaró que las arcas del Estado debían a esta Comunitat 780 millones de euros que habrían servido para pagar el 30 por ciento de la deuda de los proveedores, y que otro 30 por ciento se hubiera pagado con los 630 millones comprometidos en el denominado Fondo de Competitividad y que tampoco han llegado.
En las interpelaciones, el presidente sacó a «torear» a los consellers Vela, Císcar y Verdeguer.
Este último dio la receta para combatir la crisis compuesta por un menú que «de entrante tiene la generación de ahorro con el control del sector público, de plato fuerte, la economía productiva y de postre, la gestión».

No ha lugar a comisiones de investigación
La sesión parlamentaria de ayer tenía un interés especial por las dos peticiones de comisiones de investigación que la Mesa de Les Corts aprobó tramitar y debatir en pleno.
Una de ellas pedía investigar las subvenciones a la cooperación concedidas por la Conselleria de Bienestar bajo el mandato del hoy síndico, Rafael Blasco.
La otra, quería reabrir la investigación sobre el fatídico accidente del metro, que costó la vida a 43 personas.
Los votos del PP frustraron la constitución de estas comisiones y la justificación que hicieron los «populares» en los dos casos era muy similar. En el caso de las ayudas de Bienestar Social, el Fiscal Superior no vio indicios de delito. El mismo argumento utilizaron para descartar volver a constituir una comisión de investigación sobre el accidente del metro: las resoluciones judiciales en las que se eximía a la Generalitat de cualquier responsabilidad y se atribuía toda ella a la velocidad excesiva a la que circulaba el convoy cuando entró en la curva de la estación de Jesús.
Tanto en la petición de una como de la otra, los discursos de los parlamentarios subieron de tono. Rafael Maluenda llamó buitres a la oposición «que sobrevuela el dolor de las familias de las víctimas».