La UE aprueba la mayor reforma del gobierno económico desde la creación del euro

Los ministros europeos de Finanzas, reunidos hoy en Luxemburgo, dieron luz verde a un conjunto de seis medidas legislativas -cinco reglamentos (de aplicación inmediata) y una directiva (ley-marco)- conocido como "six pack", después de un año de intensas negociaciones.

La UE sólo contaba hasta ahora con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que exige a los países que su déficit no supere el 3 % de su PIB y su deuda, el 60 %.

El PEC ya preveía sanciones por déficit excesivo para los Veintisiete como la cancelación de fondos procedentes de la política de cohesión, que en la práctica nunca llegaron a aplicarse porque planteaban problemas de igualdad de trato entre países.

El régimen de sanciones actual queda intacto, pero se le añaden otras posibilidades, de manera que Bruselas no sólo reforzará la vigilancia sobre los Veintisiete, sino que podrá imponer sanciones equivalentes al 0,2 % de su PIB a los países del euro que no respeten los umbrales del PEC.

La aprobación de recomendaciones a los Veintisiete y de sanciones para los 17 países del euro seguirá un complejo proceso de mayorías normales e inversas que incluye un posible veto de las multas cuando los gobiernos nacionales discrepen de la propuesta de Bruselas.

Si los países deciden detener la imposición de una multa tendrán que justificar su decisión ante el Parlamento Europeo.

La reforma de la gobernanza económica incluye también la creación de indicadores más precisos para detectar desequilibrios macroeconómicos graves como pérdida sostenida de la competitividad, crecimiento excesivo del crédito o burbujas inmobiliarias.

La CE vigilará no sólo a países con déficit excesivo, sino también a los que tienen superávit demasiado altos, como Alemania.

Esos países, teóricamente, podrían también ser multados, pero en la práctica parece poco probable que esto ocurra, ya que, aunque conviene detectar si su superávit se debe a algún problema en el país que esté sujetando el consumo o la inversión nacional, su situación no es insostenible.

La nueva normativa europea se centrará también en evitar que se repitan episodios como el de Grecia, que falseó sus datos y estadísticas económicas.

A partir de ahora, los países de la zona del euro que falsifiquen sus estadísticas sobre déficit y deuda tendrán que afrontar una multa del 0,2 % del PIB, un logro conseguido por la Eurocámara durante las intensas negociaciones de los últimos meses.

Las nuevas reglas entrarán en vigor de forma inmediata tras su aprobación para todos los aspectos de la vigilancia del déficit y la deuda, a excepción de la posibilidad de abrir procedimientos por déficit excesivo por criterios exclusivamente vinculados a la deuda (que tiene un plazo de transición de tres años).

Las medidas relacionadas con los desequilibrios macroeconómicos serán aplicables a partir de enero de 2012.