El PP cierra la puerta a cualquier concesión a ETA

MADRID- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió que Antonio Basagoiti participase en la redacción de la ponencia política del Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero en Sevilla, porque intencionadamente quería que el texto solemnizase la posición de su partido para afrontar el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia.

En esa ponencia, titulada «Comprometidos con España», y que también codirigen el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de Melilla, Juan José Imbroda, el PP exhibe su discurso más contundente contra cualquier tipo de cesión a la banda a cambio de su entrega de las armas y cierra la puerta a los movimientos en política penitenciaria que se le exigen desde el PSOE y desde la izquierda abertzale. El texto parte de la premisa de la posibilidad real del fin del terrorismo, y a partir de ahí establece que ese final sólo puede pasar por su derrota definitiva, es decir, que no cabe el empate con el que «coquetean» sectores de la sociedad española, en alusión al nacionalismo y también a una parte de la izquierda.

Si el fin de ETA está «más cerca» que nunca es, según sostiene la parte del documento de la que se ha encargado Basagoiti, porque la democracia tiene a su alcance la oportunidad de imponerse sobre las pretensiones de «impunidad» e imposición política de los etarras y de su entorno. Y, por tanto, el PP advierte de que lo único que les cabe esperar de un Gobierno de Rajoy es que se aplique la ley, en todos los ámbitos, en el político, en el policial y en el penitenciario.

Es ETA –advierten también– la que tiene que moverse hasta oficializar su disolución incondicional, pues no habrá un final distinto a esa disolución y al cumplimiento de la ley.

Ni Bildu ni Amaiur
La ponencia bloquea las demandas de Batasuna y de la izquierda abertzale, a quienes niega el papel de escribas de los últimos capítulos de la historia de la banda terrorista ETA, si bien no hay ninguna alusión expresa ni a Bildu ni a Amaiur porque, según explican en el partido, no es un programa electoral. «Pero», el respeto a la Constitución y el obligado cumplimiento de la ley que se reivindica en el texto «también les compete», dicen.

En un mensaje que cabe interpretar que va dirigido al PSOE, así como a los nacionalistas, la ponencia sentencia que no van a dejar que el paso lo marquen las demandas y exigencias del entorno etarra, y hecha esta ratificación de su apuesta por el inmovilismo a esperas de que ETA dé el paso definitivo y entregue las armas, el PP pide unidad a los demás partidos políticos bajo la premisa de que en esa unidad reside la fortaleza del Estado de Derecho para ganar definitivamente con dignidad esta batalla.

«No se debe nada a quienes ejercen la violencia», dijo Mariano Rajoy en el Congreso, y tirando de esa frase el documento añade que, al contrario, «son ellos quienes deben a la sociedad haber causado dolor y empobrecimiento».

Hoy desde el propio PP vasco admiten que cada día que pasa es más difícil que ETA pueda dar marcha atrás, y es también en el País Vasco donde hay más confianza, o esperanza, en que el anuncio de cese definitivo sea de verdad el fin definitivo de la banda. Aun así, en la ponencia que aprobará el Congreso Nacional, Mariano Rajoy ha creído conveniente volver a ratificar el «no» de su partido a la negociación y el «no» también de su formación a los mediadores internacionales frente al papel que ETA y Batasuna siempre han querido concederles.

El papel de las víctimas
Mirando al futuro, el PP incluye un reconocimiento expreso al papel de las víctimas del terrorismo, así como la propuesta de Basagoiti de promover las reformas necesarias para garantizar que puedan volver a votar en las autonómicas los vascos que tuvieron que exiliarse por la falta de libertad y por la coerción impuesta por ETA en sus 50 años de ejercicio del terror.

La ponencia política reivindica también la fortaleza de la Nación española e incluye un apartado dedicado a la regeneración política e institucional, en el que aluden a la ética y a la exigencia de ejemplaridad a los gestores públicos.