El Supremo vuelve a abordar hoy el conflicto de las actas

Sevilla- Toda la atención estaba ayer puesta en la resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo en relación a las actas de los consejos de Gobierno que reclamó la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE y que se ha negado a entregar la Junta de Andalucía apelando al carácter reservado de las deliberaciones. El suspense se prolongará hasta hoy, ya que el Tribunal no alcanzó una conclusión definitiva después de más de tres horas de reunión.
No era el caso de los ERE el único que estaba sobre la mesa. Había «al menos otros tres más», según aseguraron a este periódico fuentes del Supremo. Las mismas que añadieron que no hay un plazo límite para que se produzca una resolución, aunque «lo más probable es que mañana (por hoy) ya tengamos el posicionamiento». Este órgano se reúne sólo una o dos veces al año.
El Tribunal de Conflictos tiene carácter mixto, compuesto por tres magistrados del Supremo –el presidente del TS, Carlos Dívar, además de otros dos de la Sala Contencioso-Administrativo– y tres miembros del Consejo de Estado. En caso de empate a tres, Carlos Dívar puede esgrimir el voto de calidad.
El contencioso de las actas de los consejos de Gobierno de la última década acabó en el Supremo después de que la juez Alaya las reclamara y el Gobierno andaluz decidiera rebelarse y no entregarlas, apoyándose en la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que establece que «las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto». La juez Alaya mantiene lo contrario, una tesis que reafirma también la Audiencia provincial de Sevilla.
La petición de actas se remonta a 2001, cuando se firmó el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA –luego IDEA– para vehicular subvenciones a empresas en crisis y ayudas para prejubilaciones que se saltaron el procedimiento administrativo.