Ministerio de Justicia

El CGPJ reprocha a las Cortes que le obvie al allanar el regreso de los jueces de la política

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar (i), y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar (i), y el ministro de Justicia, Francisco Caamañolarazon

La aprobación «in extremis» de una enmienda que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a jueces, fiscales y secretarios judiciales computar como tiempo efectivo en la Carrera respectiva los años que permanezcan en un cargo de libre disposición, no ha sentado nada bien a no pocos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además del rechazo prácticamente unánime que suscitó en todas las asociaciones judiciales y fiscales. Esta modificación de la Ley Orgánica «beneficia», entre otros, al ex ministro Mariano Fernández Bermejo; a José Antonio Alonso, y al actual titular de Interior, Antonio Camacho.
Y es que el órgano de gobierno de los jueces se queja de que las Cortes introdujeran esa modificación a través de una enmienda a la Ley de Agilización Procesal, normativa que nada tiene que ver con la enmienda pactada por PSOE y PP y que, además, se haya realizado sin consultarles.
Ese malestar del CPPJ pretende oficializarse en el Pleno que celebrará hoy. Los vocales tendrán sobre la mesa un texto aprobado por el «plenillo» que se celebró el pasado día 18, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. El documento viene suscrito por los consejeros Carles Cruz (CiU), Inmaculada Montalbán (PSOE) y Manuel Almenar, Antonio Montserrat y Miguel Collado (PP), y en el mismo se insta a una declaración institucional del Consejo para que una situación así no se repita.
Y, para ello, se propone dirigirse a los presidentes del Congreso y Senado, José Bono, y Javier Rojo, respectivamente, para hacerles partícipes de ese malestar e instarles a que la próxima vez que se vaya a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial se les pida informe al respecto.
En este sentido, y tras reconocer la «preeminencia política de las Cortes Generales» y desde el «más estricto respeto» a sus competencias, los vocales reprochan a las Cortes no haber sido consultados «en materia tan nuclear que concierne al estatuto orgánico de los jueces y magistrados, que no venía incluido en el anteproyecto inicial», como era «computar» como tiempo efectivo en la Carrera el dedicado a cargos públicos. Se insta a las Cortes a que «ante cualquier modificación legislativa» que afecte a la situación de servicios especiales se consulte a al CGPJ «en su condición de órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial».