La oposición apela a que se preserven servicios básicos y se revise la fiscalidad

Valladolid- Los responsables de la oposición consideran que el primer año de esta legislatura quedará marcado por ese retraso en la aprobación de las cuentas autonómicas para 2012 y un «hachazo» a las políticas sociales, sustanciadas en las competencias autonómicas.

Así lo cree la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, quien señala que el discurso de investidura del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, estuvo centrado en el blindaje de los servicios básicos. Un año después, agrega, «hemos terminado hablando de intentar salvar los muebles, de garantizar lo mínimo». Algo que, apunta, «tiene como base los recortes brutales, sistemáticos, que echan por tierra cualquier idea de pacto parlamentario». La número dos de la bancada socialista agrega que, «el problema es que no tenemos Presupuesto», y añade que «no hay motivo para la esperanza, porque no se impulsa desde la Junta de Castilla y León». No obstante, remarca que su grupo arrimará el hombro en lo posible, con el objetivo de propiciar salidas encaminadas a la creación de empleo y crecimiento. Si bien, recuerda que, «muchos e importantes acuerdos sellados en el marco del Diálogo Social, referidos al empleo y la conciliación de la vida laboral y familiar han sido radicalmente incumplidos». Desde el grupo mixto, su portavoz, José María González, de IU, considera que «éste año va a ser recordado como el de los mayores problemas económicos y sociales, pero también como el del atentado a los derechos sociales en el Estado, y sobre todo en Castilla y León, una de las regiones donde más avanza el desempleo». El procurador remarca que, no obstante, ha habido una intensa actividad, que ha llevado a su formación a ser la abanderada de colectivos y ciudadanos particulares con problemas, para abrir líneas de trabajo que solucionaran esas trabas con la administración.

Reforma fiscal
Si bien, la mayor de las preocupaciones para los dos grupos de la oposición, se centran en la necesidad de evitar el desmantelamiento de prestaciones. Y por ello reclaman un acuerdo global en materia fiscal, en el que se incida en aumentar la tabla del IRPF para quienes disponen de más ingresos cada año. Al respecto, Ana Redondo asegura que «las rentas más altas no contribuyen proporcionalmente a sus ingresos», y añade que «en los últimos tiempos la subida ha pesado sobre las clases medias, cuando cada vez tiene menos trabajo». José María González, por su parte, señala que recuperar impuestos como el de Sucesiones constituye «el gran hándicap de la acción política de Castilla y León».

Por otra parte, ambos destacan la aprobación de la reforma de la Iniciativa Legislativa Popular. «Todos los grupos hemos coincidido en la importancia de dar cabida a la opinión directa de la ciudadanía», sentenció Redondo. González, por su parte, aplaudió la revisión del número de avales exigible, fijándose una fórmula proporcional a la de la población real de la Comunidad.