Bruselas apuesta por endurecer la supervisión financiera

La Comisión Europea defiende una amplia reforma del modelo de supervisión financiera para endurecer la vigilancia de las entidades y la puesta en marcha de un nuevo organismo encargado de alertar en caso de riesgos para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Por ello, presentó ayer su estrategia de supervisión de las entidades financieras. La propuesta se apoya en dos nuevos organismos, que vigilarán el conjunto del sistema europeo para alertar de riesgos tempranos en la economía, y contarán con más influencia para mediar en la supervisión de entidades transfronterizas.

El nuevo paso de la Comisión, a la que se ha acusado de lentitud y timidez en la respuesta ante la crisis, llega largamente prologado por el informe de Jacques de Larosière. El ex director del FMI realizó hace unos meses propuestas similares que ya fueron bien recibidas por el presidente de los comisarios, José Manuel Duráo Barroso.

La principal aportación es el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico. Su función consistirá en combatir la formación de burbujas, detectando posibles riesgos y recomendando soluciones, no vinculantes, para evitar nuevas crisis. La supervisión de las entidades financieras, especialmente de aquellas transfronterizas, es el verdadero quebradero de cabeza para Bruselas. Numerosos analistas, y la Eurocámara, han recomendado la creación de un único supervisor europeo, mientras que Gran Bretaña ha mostrado su oposición a cualquier órgano que pueda limitar la libertad de la City, principal centro financiero en Europa.

La solución que la Comisión lanza es la elevación de los tres comités consultivos de supervisores europeos actuales (para bancos, seguros y mercado de valores) hasta convertirlos en autoridades comunitarias, que podrá mediar en caso de desacuerdo entre los supervisores del país de la matriz y el de la filial, lo que ya ha despertado recelos en Londres. Sin resolver queda todavía la solución a la quiebra de los gigantes financieros, ya que las nuevas autoridades no tendrán poderes para imponer el reparto del rescate entre los países, al ser cada Estado el que tenga que decidir cómo se gasta el dinero de sus contribuyentes.