Cerco a la impunidad por los vertidos contaminantes

Los vertidos contaminantes graves en el mar serán tipificados como delito a partir de 2010 en el espacio europeo y sus responsables se enfrentarán a sanciones penales. Así lo acordó el pasado martes el Parlamento europeo -con 588 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones-, impulsado por el interminable listado de siniestros en el Estrecho, y ya ha habido tiempo para las primeras reacciones. «Satisfecho», confesó ayer a este periódico encontrarse el secretario del PP-A, Antonio Sanz, por la decisión de la Cámara europea, «a iniciativa del grupo popular». A su juicio, que una nueva normativa sea posible «deja en evidencia a los gobiernos socialistas de Andalucía y de España que se habían cruzado de brazos hasta ahora y no habían tomado la iniciativa en la defensa del Campo de Gibraltar (Cádiz), principalmente, ante los reiterados vertidos contaminantes y las catástrofes medioambientales y marítimas». «Y ello -puntualizó- a pesar de que se han venido reproduciendo de manera constante en las aguas del Estrecho de Gibraltar». Para Sanz, lo consensuado en Estrasburgo constituye «un paso muy importante en la lucha contra las prácticas ilegales de «bunkering» -repostaje en el agua- , que se desarrolla de una manera absolutamente desproporcionada en la bahía». Confía también en que signifique «un aviso definitivo y un freno a la situación de descontrol en la zona provocada por Gibraltar, que hasta ahora ha sido permisiva con ese tipo de prácticas», lamenta. Convencido de que sólo la «dejación de responsabilidades del Gobierno de la nación» ha impedido poner freno a los vertidos, Sanz pide al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que «impulse rápido esta iniciativa, que la ponga en marcha lo antes posible y que seamos de los países pioneros en trasladar a nuestra normativa nacional el acuerdo de todos los estados europeos». Por su parte, el portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción de Cádiz, Antonio Muñoz, aporta otra consecuencia positiva de la noticia: «Creemos que cuando se materialice el nuevo marco legal, será más fácil que el seguimiento que venimos haciendo de los buques que trasvasan combustible de forma irregular en la bahía de Algeciras tenga algún fruto». Y es que no olvida que desde 1995 han interpuesto «numerosas denuncias en el seno de la UE que se han quedado en cuestiones administrativas. Las empresas lo tendrán más difícil a partir de 2010 para hacer las cosas mal».