Cerco a los paraísos fiscales

La fuerte ofensiva del G-20 puesta en marcha en la cumbre de Washington contra los llamados paraísos fiscales empieza a dar sus frutos. La discreta Suiza, que desde hace 70 años confía su crecimiento económico al secreto bancario, ha acordado levantar el velo sobre los depósitos que custodia para dar más información a los países que lo soliciten. Aunque el Gobierno suizo ha advertido que el secreto bancario seguirá existiendo, es evidente que el país símbolo de las cuentas opacas ha acusado el golpe y no desea que nadie le saque los colores en la cumbre del G-20 del próximo 2 de abril en Londres. Junto a Suiza, han prometido enmienda otras plazas que figuraban en una «lista negra» de la OCDE, como Andorra, Austria, Liechtenstein y Luxemburgo.La grave crisis financiera ha provocado que las principales economías fijen sus miradas en aquellos países o plazas que recurren a prácticas muy heterodoxas para captar capital y operar con gruesos fondos financieros. Hasta ahora, estos paraísos fiscales apenas si eran molestados y algunos de ellos mantenían acuerdos puntuales con otros países a la hora de perseguir determinados tipos de delito, desde la evasión fiscal al blanqueo de capitales. La razón de esta permisividad es que gestionan un alto porcentaje de la riqueza mundial, calculado en unos 10 billones de euros. En lo que a España se refiere, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, nada menos que el 69% de las empresas del Ibex tienen algún tipo de operación en estos paraísos, bien por razones financieras, bien por conveniencias jurídicas. Asistimos, por tanto, a un debate internacional de gran calado, en el que se enfrentan los deseos de las grandes economías de controlar todos los recursos financieros disponibles contra los intereses de miles de empresas que no son necesariamente ilegales ni defraudadoras. De entrada, no está clara la definición de «paraíso fiscal», que no debe confundirse con el secreto bancario. Tampoco existe una lista homogénea de sospechosos y mientras España tiene una, la OCDE tiene otra. Finalmente, no debe olvidarse el comportamiento hipócrita de países, como Gran Bretaña, que durante años han alimentado las «excepciones» fiscales y ahora se colocan al frente de la manifestación ortodoxa. Naturalmente, es inaceptable que existan santuarios fiscales en los que se evaden impuestos, se alimentan redes de narcotráfico y se financian movimientos terroristas, entre ellos ETA. Cualquier país o plaza que se preste a tales actividades debe ser enérgicamente perseguido. En este sentido, es positivo que el G-20 haya «descubierto» que algunos territorios son antes cuevas de piratas que hábiles inversores internacionales. Sin embargo, sería un grave error que los grandes Estados utilizaran esta cruzada como pretexto para liquidar mercados competitivos y rentables. Una cosa es luchar contra el delito en una economía globalizada y otra bien distinta eliminar a los competidores.Lo razonable, por tanto, es que se establezcan criterios objetivos y comúnmente aceptados sobre qué es un paraíso fiscal.Hasta ahora se aplican cuatro criterios (baja o nula fiscalidad, falta de transparencia, facilidades para instalarse sin actividad económica y negativa a intercambio de información con terceros), pero no todos tienen el mismo valor y no parece justo sospechar de un país por el mero hecho de que sea más benévolo fiscalmente que otros. La economía mundial necesita replantear la existencia de estos territorios, pero no porque sean los culpables de la crisis, sino porque han sido los cómplices.