Cientos de recursos judiciales de objeción y sentencias dispares en 17 meses

El 20 de agosto de 2007 comenzaba la "carrera judicial"de Educación para la Ciudadanía, cuando unos padres presentaron recurso contra la regulación de esta materia en Andalucía, al que siguieron centenares en casi toda España en defensa de la objeción de conciencia, con resultado dispar en las sentencias.
Ejemplo son los cuatro fallos de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos sobre los que hoy se ha pronunciado el Supremo en relación con varios recursos de casación: tres de esas sentencias, de Asturias, denegaban la objeción; otra, de Andalucía, la admitía.
Profesionales por la Ética, una de las organizaciones más opuestas a EpC, asegura que se han registrado unos 1.700 recursos, generalmente por la vía contencioso-administrativa, contra la negativa de las consejerías de educación a reconocer el derecho de objeción.
La abogacía del Estado tiene conocimiento de 500 asuntos en los juzgados relacionados con el conjunto de asignaturas que forman EpC.
Madrid, una de la comunidades que acepta la objeción, en contra del criterio del Gobierno central, es la única donde no se ha presentado ningún recurso judicial, según Profesionales.
La mayoría correspondería a Navarra (362 acumulados en tres procedimientos) y Castilla-La Mancha (360).
Esta asociación asegura que la "inmensa mayoría"de los 280 recursos ya resueltos da la razón a los objetores.
Hasta ahora, añade, se han presentado más de 50.000 objeciones, el 20 por ciento correspondientes a alumnos obligados cursarla en estos momentos.
El TSJ de Cataluña rechazó en un auto de noviembre de 2007 el recurso de objeción de unos padres y recordó que la asignatura es obligatoria.
De forma similar se manifestaron el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Teruel y el TSJ de Navarra, que se negó a suspender cautelarmente la obligación de asistir a clase mientras resolvía un recurso.
Por el contrario, el TSJ de Andalucía anuló en abril pasado el desarrollo autonómico de los contenidos sobre ideología de género, homosexualidad y opciones vitales por ser una "ilícita invasión"en la ética, el derecho y la moral, tal como habían recurrido los abogados sevillanos Manuel y Carlos Seco Gordillo el citado 20 de agosto de 2007, hace 17 meses.
En marzo, el mismo tribunal había reconocido la objeción a unos padres en una resolución recurrida luego en el Supremo por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado.
La controversia social y política sobre EpC arrancó prácticamente cuando el Gobierno propuso, en 2004, una asignatura obligatoria de este tipo.
Recogida en la Ley Orgánica de Educación (2006) con el nombre de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos", la polémica arreció al conocerse los contenidos mínimos de la materia aprobados por el Gobierno en dos Reales Decretos.
El Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres (CONCAPA) y Profesionales por la Ética, entre otras asociaciones, impulsaron una campaña de objeción de conciencia contra estas enseñanzas, que califican como "adoctrinamiento ideológico"e "imposición de una moral por el Estado".
Apelan al derecho constitucional de los padres a educar a los hijos según sus propias convicciones religiosas y morales y a la libertad ideológica.
La Conferencia Episcopal, a su vez, recomendó recurrir a "todos los medios legítimos"para defender la libertad de conciencia y de enseñanza.
Sin embargo, la organización de escuelas católicas FERE-CECA, contraria a EpC, está impartiéndola "adaptada"al ideario de estos centros, sin oposición del Gobierno.
En el enfrentamiento político, el PP ha anunciado que la suprimirá cuando llegue al poder y las CCAA que gobierna, como Madrid y la Comunidad Valenciana, han amparado a los objetores y pretenden enseñarla de forma "sui generis".
Por ello, el Gobierno central también ha recurrido en los tribunales varias normas autonómicas sobre la asignatura.
La consejería valenciana ha intentado que se imparta en inglés; y en Madrid se reconoce a los niños de familias objetoras la opción de hacer trabajos o tareas de voluntariado dentro del centro educativo.
El Gobierno ha defendido que la asignatura es recomendación de organismos internacionales como el Consejo de Europa", ha negado que violente derechos fundamentales, sino que educa en valores democráticos, y ha insistido en que no caben la objeción ni alternativas.
La materia, reflejada de forma desigual en los libros de texto, se enseña ya en algunos cursos de Secundaria y próximamente comenzará en Primaria.