Demolición de casas en Jerusalén Este: respeto a la ley o política encubierta

Pese a que no existen datos oficiales, se calcula que 1.500 edificios en Jerusalén Este corren el riesgo de ser demolidos, una política que según sus inquilinos palestinos tiene por objeto judaizar la ciudad y dar cabida a más colonos. Cerca de un centenar de familias palestinas han recibido recientemente notificaciones de la Alcaldía de Jerusalén y otras instancias legislativas y jurídicas israelíes para que se avengan a demoler sus viviendas -cuya construcción es considerada ilegal-, o afrontar el coste que supone a las autoridades tirarlas abajo. Es el caso de Sami Wakileh, un palestino de 42 años, miembro de la comunidad cristiana y vecino de la ciudad vieja de Jerusalén, donde reside en una vivienda que le fue entregada por el Patriarcado greco-ortodoxo hace ya más de una década. Todo comenzó en el año 2000 cuando recibió la primera orden de demolición de la Alcaldía, que no consideraba legales las obras que había hecho en una casa que encontró en estado ruinoso. "Les dijimos que esta casa ya existía y que sólo habíamos efectuado renovaciones, que no había necesidad de solicitar un permiso", se lamenta impotente al recordar lo que fue el inicio de una serie de juicios infructuosos para evitar el peor desenlace. El último de ellos tuvo lugar en mayo y según aduce, fue retrasado intencionadamente por las autoridades para que la citación se produjera tras la visita del Papa Benedicto XVI. "La jueza me dijo que tenía que demoler la casa con mis propias manos, que no soñara con conseguir un permiso, y que en caso contrario debía pagar los costes del juicio y el derribo", afirma. En una mano muestra la orden de demolición y en la otra una ristra de papeles con la que sus abogados pretendían demostrar que a diferencia de las trabas que afrontan los palestinos, la organización judía "Ateret Cohanim"no ha tenido ningún problema en obtener el permiso para construir, a poco más de treinta metros, un inmueble de cinco plantas. Otras doce familias cristianas recibieron la misma orden de demolición y han solicitado el apoyo del Patriarcado Ortodoxo Griego y estudian remitir al Papa una carta explicando su situación. Pero la Iglesia en estos casos tiene poco que hacer ya que también ha recibido órdenes de demolición de inmuebles de su propiedad, lo que provoca entre los cristianos de la ciudadela antigua una sensación de "total indefensión". "Quieren demostrar que Jerusalén es la capital judía y que nos marchemos de aquí. Hemos vivido durante mucho tiempo, tenemos aquí a nuestros hijos, nuestras iglesias. ¿Te imaginas Jerusalén sin sus iglesias?", apostilla Wakileh. Desde 1967, año en que Israel ocupó Jerusalén Este, más de 2.000 viviendas palestinas fueron destruidas en esta parte de la urbe y sólo entre 2000 y 2008, más de 670 por falta de permisos oficiales. En lo que va de año al menos 109 palestinos quedaron sin hogar, revela la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios palestinos (OCHA). El fenómeno se extiende por todos los barrios árabes de la ciudad como El-Bustán, que forma parte de la población de Siluán, donde los afectados han levantado una tienda para protestar por las órdenes que pesan sobre 88 casas, techo de 1.000 personas. "En mi casa vivimos 12 personas. Esta es mi tierra, mi futuro, no pienso irme", afirma Salah Dweik, de 60 años, quien denuncia lo absurdo de pagar durante años impuestos municipales como residente de una vivienda declarada ilegal. Los palestinos de Jerusalén no sólo se enfrentan a una burocracia poco amiga de otorgarles permisos para construir o expandir sus viviendas, sino que la crisis se ha visto exacerbada por la construcción del muro de separación israelí. Un portavoz de la Municipalidad, Stephan Miller, explica que "las demoliciones se aplican sin tener en cuenta raza, religión o identidad nacional. El alcalde, Nir Barkat, está determinado a aplicar la ley de forma igualitaria en toda la ciudad". Pero este argumento no convence a Fakhri Abu Diab, miembro del Comité de El-Bustan, quien como sus convecinos lleva 20 años luchando para obtener un permiso. "La demolición de casas no sólo es un hecho físico, tratan de quebrar nuestras fuerzas para que nos marchemos de aquí", concluye.