Deprimente muy deprimente

Mal momento para plantear una reforma profunda e inaplazable de la Justicia. Su revolución no es que esté pendiente, sino perdida y los jueces, como siempre, en soledad. La «comunidad jurídica» (abogados, fiscales, etc.) calla y el principal partido de la oposición, desaparecido Sostengo que la Justicia necesita una revolución. Sostengo que llevamos veinticinco años sin política judicial, con predominio del afán de politizarla y entregarla a las comunidades autónomas; sostengo que como sucedáneo de política judicial se han multiplicado juzgados, tribunales, es decir, jueces; sostengo que antes que multiplicar hay que pensar más bien en modernizar, organizar, repartir responsabilidades, disuadir y sancionar a quien abusa del sistema judicial, aplicar métodos de trabajo habituales en otros ámbitos pero inéditos en el judicial, etc... Y sostengo que la Justicia no es atractiva para los políticos: no da votos pero hay que embridarla y, además, los jueces son muy raros. En éstas estábamos cuando un pederasta abusa y asesina a una niña. Estalla el escándalo: tenía una condena pendiente de dos años de cárcel. Lo sucedido muestra cuál es la situación real de la Justicia y las reacciones son conocidas. El poder político se quita de en medio para ceñir toda la responsabilidad en el juez que no ejecutó la condena y los jueces empeñados en decir que la del juez no es la única responsabilidad (¿dónde está la del Ministerio, la de la Junta andaluza, la de los fiscales o la de la Policía?) y que lo que le ha ocurrido puede repetirse a la vista del caos reinante. Para complicar las cosas esta crisis coincide con un nuevo Consejo General del Poder Judicial que lo primero que encuentra sobre la mesa es un encargo del Gobierno: que castigue ejemplarmente al juez. Los jueces estallan en cólera, reclaman respeto, reformas urgentes e inaplazables y acaban con algo muchas veces tanteado, pero nunca ejecutado: convocan una huelga. Y aquí ya se mezcla todo. No hay que ser un lince para advertir que tras la movilización hay líderes emergentes que buscan su espacio, lo que entremezclan con reivindicaciones moderadas, nada revolucionarias y reclaman reformas mínimas e inaplazables. Algunas sensatas y otras tópicas como el aumento de jueces. La crisis sorprende al Gobierno en un momento especialmente crítico; los jueces echan un órdago a un Gobierno, a un partido que ha dado sobradas muestras de no saber convivir con la independencia judicial, que no esconde su animadversión hacia los jueces. En 1996, tras gobernar doce años, dejó a la Justicia en el descrédito y desde 2004 nada ha hecho para mejorarla salvo acentuar el control político, lo que proyecta llevar a sus más drásticos extremos. Echan el órdago a quien ha dado sobradas muestras de que su lógica es la del poder por el poder, que es propaganda en estado puro, que no soluciona problemas sino que maneja y trastea a la opinión pública. Pero los jueces dejan a ese experto en manipulación todo muy bien encarrilado para que saque partido del levantamiento judicial. Como el detonante de sus iras es un juez muy poco presentable -el juez Tirado-, se le brinda al Gobierno una ocasión de oro para la demagogia, eludir responsabilidades, para distraer a la opinión pública y así neutralizar cualquier reivindicación. Como plantean, además, sus reclamaciones en medio de una crisis cuya existencia -había elecciones- negaba hasta hace poco, se le da oportunidad de enfrentar a los jueces con los ciudadanos y como piden más dinero apela a su responsabilidad para eludir la de quien ha fulminado el presupuesto para no perder votos. Como piden más y más jueces, qué mejor excusa para ese proyecto de establecer un sistema de selección que permita reclutar jueces en masa. Fuera oposiciones, fuera mérito y capacidad, fuera saber Derecho. Con una judicatura proletarizada y sindicalizada palabras como excelencia o calidad sobran. Además, ¿no dicen que pueden ir a la huelga?: qué mejor excusa para trasladar la idea de insensatez colectiva, de incapacidad de los jueces para autogobernarse. Luego si un incapaz debe ser tutelado, los jueces deben ser gobernados. Además hacen huelga, algo propio de funcionarios, inmejorable argumento para desdibujar la idea de que la Justicia es un Poder del Estado. Son funcionarios que prestan un servicio público: ¿acaso no se hartan ellos mismos de hablar del «servicio público judicial»? Pues como ese servicio lo presta el Gobierno -ojo, lo dijo el Tribunal Constitucional-, nadie podrá discutir que les inserte en su organización y bajo su disciplina. La independencia judicial de antaño dejará paso a un juez-funcionario, equiparable al médico de la Seguridad Social: lo que en éste es libre criterio para diagnosticar, en el juez lo será para condenar o absolver. Si un hospital lo dirige un gerente, cada tribunal será gestionado por otro gerente: el antiguo secretario judicial erigido en director territorial ministerial. Mal momento para plantear una reforma profunda e inaplazable de la Justicia. Su revolución no es que esté pendiente, sino perdida y los jueces, como siempre, en soledad. La «comunidad jurídica» (abogados, procuradores, fiscales, etc.) calla y el principal partido de la oposición, desaparecido. Sin liderazgo ni discurso, especializado en perder elecciones, se empeña en perder lo que aún gobierna, llámese Madrid o Navarra; atrapado en contradicciones y enfrentamientos suicidas, para alguna de sus líderes queda como discurso hacer un posado insinuante. En fin, todo deprimente, muy deprimente.