El Gobierno aprueba el fondo de rescate para el sistema financiero

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene como objetivo gestionar los procesos de reestructuración de entidades financieras y reforzar sus recursos en los procesos de integración. Tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega como la ministra de Economía, Elena Salgado, insistieron, durante la rueda de prensa, en que el sector financiero español es solvente y ha capeado la crisis. Sin embargo, añadieron que en los próximos meses «algunas entidades podrían tener dificultades». Salgado aclaró que los grandes del sector no tienen ningún problema, es más, están entre los más sólidos del mundo. El Gobierno ha considerado que es el momento perfecto para iniciar la reestructuración del sector financiero, un sector que pese a los procesos de fusión vividos en los años 90 sigue muy atomizado, pues hay 49 bancos, 46 cajas y 90 cooperativas de crédito. Por ello, Salgado añadió que es un buen momento para que «se refuercen por procesos de fusión, concentración o absorción».El FROB tendrá una dotación inicial de 9.000 millones de euros, aportado en dos terceras partes por los Presupuestos Generales del Estado (6.000 millones) a cuenta de los fondos no utilizados del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y en un tercio por los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD, 3.000 millones). Según explicó Salgado, el FROB tiene una capacidad de endeudamiento de 27.000 millones de euros para el ejercicio 2009 (diez veces su dotación inicial).Todos los procesos en los que intervenga el FROB estarán supervisados por una Comisión Rectora compuesta por ocho miembros, cinco de ellos propuestos por el Banco de España y los otros tres de cada uno de los FGD. Además, pasados 30 días, el subgoberndor del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, tendrá que comparecer para explicar los detalles de cada operación.El proceso de reestructuración que se contempla tiene tres fases, la búsqueda de una solución privada por parte de las propias entidades de crédito, proceso que no está regulado en Real Decreto-Ley; la adopción de medidas para enfrentar debilidades que puedan afectar a su viabilidad con participación de los FGD y los procesos de reestructuración con intervención del FROB.