El Gobierno hizo la tasación que se usó en la querella a Barberá

El Servicio de Arquitectos de la Delegación del Ministerio de Hacienda en Valencia fue el encargado de realizar el informe de tasación del suelo del nuevo estadio del Valencia C.F que sirvió de base para la querella que se interpuso contra la alcaldesa Rita Barberá por un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ayer, con los datos en la mano y el archivo de las acusaciones por parte de la Fiscalía Superior de la Comunitat, la primera edil anunció su intención de tomar medidas legales contra aquéllos que «tantos daños y perjuicios» le han causado con sus acusaciones. Y aunque inicialmente no puso nombres a quienes «con tanta agilidad se lanzaron a vender la piel del oso antes de cazarlo» no tardó en salir el nombre del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, «pues al fin y al cabo es el que coordina la labor del Ejecutivo en la Comunitat». Y así se lo hizo ver a éste minutos después en un encuentro casual en el que el lenguaje corporal dejaba más que claro su malestar. «Una vergüenza», así calificó el hecho de que un órgano dependiente del Ejecutivo de Zapatero realizase una tasación que, no sólo contradijera la realizada por la Universidad Politécnica y otras dos empresas «absolutamente autorizadas», sino que se tomara como base para una querella contra ella. Por otra parte, el arquitecto que firma el proyecto del nuevo Mestalla, Mark Fenwick, se reúne mañana con el presidente del club, Manuel Llorente, a fin de trata el futuro del estadio, cuyas obras permanecen paradas desde hace cuatro meses. En este sentido, confía en que los trabajos de construcción se reinicien tras el verano, aunque desconoce si la demora afectará al plazo de finalización inicialmente previsto. Un encuentro en el que se abordará la posibilidad de modificar el diseño original. Al respecto admitió que «el club tiene una economía» y que su equipo debe responder a ella, «porque todos los proyectos tienen posibilidad de ajustarse. Se pude gastar mucho en materiales o ajustar a una economía más austera».Tres preguntas sin respuestaA Barberá aún le quedan muchas preguntas sin respuesta y cuestiones que le indignan. Una de ellas, por qué si desde noviembre se plasma la denuncia, no ha tenido acceso todavía a las diligencias y por qué, «siendo una investigación interna, llega un momento en que se llama a los medios de comunicación para enseñarles los papeles». Otra de sus intenciones es la de conocer cuánto tiempo ha pasado en manos de un fiscal, que no es del Tribunal Superior de Justicia, la investigación sobre una persona aforada. Y finalmente se pregunta quién la va a resarcir a ella y a su familia del daño sufrido por mancillar su nombre con falsas acusaciones.