El puzle de la financiación autonómica: muchas manos para justificar pocas fichas

MADRID- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en «sastre» financiero, busca dar las últimas puntadas a un nuevo modelo de financiación autonómica porque, según sus propias palabras, se trata de hacer «un traje a la medida» de cada Comunidad. Con este fin, el 30 de diciembre de 2008 el Ejecutivo presentó una nueva propuesta de reforma del sistema de financiación. Este proyecto gira alrededor de tres ejes: garantizar la igualdad, mejorar los servicios del Estado del Bienestar y aumentar la autonomía financiera de las Comunidades. Por ello, el nuevo modelo eleva al 50 por ciento lo que recaudarían las comunidades por IRPF e IVA, más el 58 por ciento que podrán recaudar por impuestos especiales. Hasta ahora, el 70 por ciento de los recursos de las comunidades provenía de los impuestos cedidos por el Estado. Con el nuevo modelo, las autonomías adquieren una condición «casi suficiente», aunque se deberá completar con los llamados fondos de garantía de suficiencia y convergencia o recursos adicionales que aporta el Estado. El patrón de este nuevo «traje» financiero y su urgente aplicación están hechos casi al dictado de las exigencias que impone el Estatuto de Cataluña. Los datos referidos al ejercicio de 2007 (los de 2008 aún no se han publicado) revelan que los recursos recibidos por las comunidades superaron los 100.000 millones de euros, un 3,9 por ciento más que lo percibido en 2006. A pesar de que este aumento repercutió necesariamente en las comunidades más «ricas» (Cataluña, con un 2 por ciento; Madrid, un 1,6%, y Valencia, un 1,9%), también elevaron sus recursos las más pobres, pero con una diferencia considerable (Asturias, un 7,1 por ciento; Galicia y Castilla-La Mancha, un 6,1 por ciento y Extremadura, un 6,5 por ciento). Estas diferencias han despertado los fantasmas de la desigualdad, los agravios comparativos y han salido a relucir las peculiaridades territoriales fuertemente reivindicadas por los presidentes de cada Autonomía. La difusión de este nuevo plan está en manos de Zapatero, que augura una «cooperación global». A Cataluña le ha garantizado una financiación por encima de la media y a Andalucía, más recursos por doquier. Las autonomías quieren que sus intereses cobren un peso específico. El que más computará será el de población, al que se han adherido Cataluña –que reclama 2.000 millones de euros adicionales para llegar a 2011 con 3.500 millones–, Madrid, que por el incremento de habitantes solicita 3.129 millones –y una deuda histórica de más de 6.000 millones– y Valencia, que exige 1.200 millones. Por su parte, Andalucía espera mantener su 18,32 por ciento y exige que se tenga en cuenta su población en edad escolar. Murcia reclama 1.700 millones de euros. Castilla y León ha manifestado que no aceptará menos del 6 por ciento, Galicia reclama un 7,1 por ciento frente al 5 por ciento que le ofrecen y Aragón, que no quiere hablar de cifras, esgrime la dispersión de sus habitantes. En Extremadura, Cantabria y Asturias alegan el envejecimiento de su población. Baleares y Canarias esgrimen por su parte la insularidad, donde cobra especial importancia la fuerte presión migratoria. Canarias es una de las damnificadas con el reparto y que menos recibe, y reclama por ello unos 890 millones de euros. Los extremeños y riojanos exigen también el principio básico de solidaridad y, en Galicia, su presidente, Núñez Feijóo, considera que las comunidades con una segunda lengua deberían tener una dotación de alrededor 20 millones de euros. Por su parte, el presidente asturiano, Álvarez Areces, ha sacado a relucir, junto a otras Comunidades en parecidas circunstancias, que la nueva financiación tenga en cuenta la Ley de Dependencia y su desarrollo, la misma de la que presume Zapatero, por lo que destacan «una buena disposición».Para todo ello, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 9.000 millones de euros adicionales para repartir entre todas las Comunidades. Los representantes catalanes han tildado esta apuesta de «irrisoria» e «injusta». «Insuficiente» lo califican comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia. Mientras, Castilla-La Mancha aboga por el «interés general» y reivindica también población, dispersión y envejecimiento. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se ha enredado en una rueda de consultas con los presidentes autonómicos a los que seduce con promesas que luego Elena Salgado, ministra de Economía, se encarga de recortar. El desenlace se producirá el 15 de julio, aunque los datos se esperan para la próxima semana.

Ceuta y Melilla, trato especialLa adaptación del nuevo sistema a Ceuta y Melilla tiene sus peculiaridades. Además de reclamar unos servicios básicos «iguales para todos», piden que el nuevo sistema compense el déficit que soportan por sus características geográficas: fronterizas con África, carecen de industria, tienen una población flotante de más de 20.000 personas al día y una altísima tasa de paro. Cuando Imbroda pidió 30 millones de euros al Gobierno, éste sólo ofreció seis. «¡Con eso no tenemos ni para pipas!», respondió.