El Senado francés aprueba de madrugada la ley de trabajo dominical de Sarkozy

París- Los «domingos al sol» podría convertirse en Francia en el privilegio sólo de unos pocos. La ley que aprobó ayer el Parlamento galo por una ajustada mayoría, estipula nuevas excepciones al tradicional descanso dominical, permitiendo a buen número de comercios abrir sus puertas en esta jornada.Ya era el caso en determinados sectores que por su actividad (cines, hospitales…) y ubicación no pueden interrumpir su servicio. Pero la nueva norma amplia la posibilidad a las denominadas «de interés turístico», unas 500 según el código laboral, y cerca de 6.000 según el código de turismo, lo que para el Partido Socialista significa «la generalización del trabajo dominical en Francia» y una brecha en el modelo social galo.La autorización concierne a los comercios de toda índole aunque en algunos de esos lugares la apertura dominical estaba permitida en las tiendas relacionadas con el ocio cultural o deportivo. Trabajar en domingo en estas zonas no conllevará sin embargo ninguna contraprestación obligatoria para el empleado. A diferencia de las otras zonas que habilita la ley y que por su afluencia de público, sobre todo los fines de semana, califica de «perímetros de uso de consumo excepcional» (Puce). Esto es, los enormes complejos comerciales situados en los extrarradios de las grandes ciudades, aunque sólo afectará a las áreas metropolitanas de urbes como París, Lille o Aix-Marsella que superan el millón de habitantes. En estos casos, sin embargo, y dado su carácter «excepcional», la autorización estará supeditada al compromiso de la empresa de compensar económicamente al empleado, que será libre de trabajar o no en esta jornada tradicionalmente festiva. Lo mínimo que prevé la ley es una paga doble y un tiempo de descanso compensatorio.A ojos de la oposición y de algunas voces de la mayoría gubernamental, esta ley instaura desigualdades salariales y territoriales, según se trate de una zona «de interés turístico» o de una «Puce». De ahí la larga batalla parlamentaria y la ramplona victoria a un texto en el que Sarkozy ha puesto gran empeño. Algunos expertos auguran que será difícil de aplicar y aún tiene que pasar la criba del Consejo Constitucional, al que han recurrido los socialistas al estimar que dichas «desigualdades» son anticonstitucionales.