El Tribunal de la UE concluye que España vulnera la ley de aguas en cinco comunidades

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha concluido hoy que España vulnera la legislación comunitaria sobre política de aguas en Baleares, Andalucía, Canarias, País Vasco y Galicia por no haber designado en el plazo fijado a las autoridades competentes para aplicar esta normativa.La Corte de Luxemburgo ha respondido así a un recurso presentado por la Comisión Europea (CE) en el que acusaba a España de incumplir la directiva comunitaria sobre cuencas hidrográficas.Entre las obligaciones que fija la normativa para los países de la UE figura la de especificar las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional, incluirlas en demarcaciones hidrográficas y designar la autoridad competente apropiada para velar por el cumplimiento de las normas de protección establecidas en ella.El Ejecutivo comunitario dio de plazo a los estados miembros hasta el 22 de diciembre de 2003 para acatar la directiva y seis meses más para que facilitasen una lista con las autoridades competentes.En España, las cuencas hidrográficas se rigen por la Ley de Aguas, que distingue dos tipos de cuencas: las intercomunitarias, que abarcan varias Comunidades Autónomas por lo que su gestión corresponde al Estado, y las intracomunitarias, que se ubican en una sola Comunidad Autónoma por lo que ésta asume la competencia.Sin embargo, la legislación española sólo especifica las demarcaciones hidrográficas que se extienden por más de una comunidad, sin llegar a delimitar las cuencas intracomunitarias.Por ello, la CE inició un procedimiento de infracción contra España y, tras el envío de un dictamen motivado en octubre de 2005 y a falta de una respuesta a tiempo de las autoridades nacionales, decidió elevar el caso al Tribunal de la UE.En la sentencia publicada hoy, los jueces europeos consideran que la designación de la "autoridad competente apropiada"requiere que la demarcación hidrográfica esté definida conforme a los requisitos establecidos.Según ha establecido el tribunal, las demarcaciones hidrográficas de Galicia, País Vasco, Canarias, Baleares y Andalucía no fueron correctamente delimitadas y por tanto, concluye que España incumple la normativa.