El TSJA anula una orden de Empleo por violar la ley de la función pública

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les ha dado la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, con sede en Sevilla, ha fallado a favor del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), en un recurso interpuesto contra la orden de 4 de septiembre de 2008 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que formalizó un acuerdo de encomienda con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) por un importe de 549.994 euros. El objetivo: la ejecución de unas tareas que, según consta en la sentencia, el Gobierno autonómico estimó como «mera asistencia técnica» para cursos que suelen solicitar, entre otros organismos, las centrales sindicales. Sin embargo, Safja denunció que la Junta había encargado «de manera ilegal la gestión de potestades públicas al personal laboral de la Faffe». «Entregaron –apuntan fuentes del sindicato– poderes de la Administración a una fundación adscrita a Empleo, que están reservadas por la ley a los funcionarios, en este caso del SAE». Tesis que ahora ha respaldado el Alto Tribunal andaluz al declarar «nula» la mencionada orden del Servicio de Empleo por ser «contraria al ordenamiento jurídico».Hay más: el presidente-coordinador de Safja, Juan Romero, explica que el Gobierno autonómico apoyó su argumentación en el artículo 106 de la Ley 9/2007 del Parlamento andaluz pero «ignorando su último párrafo que dispone de forma clara que la encomienda de actividades como las analizadas en este proceso judicial, ‘no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo'». El enfrentamiento entre el Gobierno andaluz y el Safja viene de lejos. Romero lo define de un modo afilado: «Nos oponemos al ejercicio de engorde de la conocida como ‘Administración paralela', que ha desarrollado el Gobierno regional, en detrimento, por supuesto, de la función pública». «Satisfecho» por una sentencia del TSJA que considera «pionera», continúa: «Siguen la estrategia de ceder competencias de las consejerías a su entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias... para saltarse todos los controles que tiene la Administración pública y colocar a quien quieran». Aunque admite que la Cámara de Cuentas ejerce «cierto control» sobre estos entes, critica que «sea a toro pasado» y que la Junta se haya convertido en el «mayor creador de empleo precario de Andalucía».A su juicio, los perjudicados del «modus operandi» del Ejecutico andaluz son «los funcionarios, a quienes se nos quita trabajo, y las empresas, el tejido industrial, a quienes habría que ofertar los puestos de trabajo que estén justificados, sobre todo en época de crisis». Resume lo que opina: «Se ha tramado una red para saltarse a los funcionarios, obligados a aplicar la legalidad vigente y no lo que quiera el jefe que te tiene que renovar el contrato».CLAVES:- La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) es una entidad adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta, nacida en el año 2003 por acuerdo del Gobierno andaluz, y que preside el titular del ramo, Antonio Fernández.- En la actualidad, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) tiene interpuestos seis recursos relativos a la contratación contra una Administración autonómica que, a su entender, «reduce la función pública y perjudica gravemente la creación de empleo estable y de calidad en condiciones de igualdad para todos». - Según los cálculos de Safja, el importe de los acuerdos que están en los tribunales supera los 2.214.480 euros, «sin contar un contencioso que hemos planteado contra la Consejería de Medio Ambiente por la gestión de los montes públicos», puntualizan.