Empresarios y sindicatos se oponen a cerrar Garoña

A la espera de que el Gobierno haga público el cierre de Garoña –parece que el secreto se revelará pronto–, las reacciones de todo el entorno energético y político se siguen sucediendo en cascada. Ayer fue el Gobierno de Castilla y León el que volvió a criticar la medida política, que se salta la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear, junto a los sindicatos y empresarios burgaleses. En el otro lado se sitúan los grupos ecologistas, que siguen manteniendo su apoyo a la anunciada clausura y piden que «se mantenga el compromiso». Vamos por partes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña sería una «catástrofe» que constataría que el Gobierno actual «es el peor de la democracia». Herrera reiteró también que «la decisión llega en el peor momento posible». Asimismo, el presidente se preguntó «qué sentido social tendría en este momento catastrófico el cierre de la central», que conllevaría la pérdida del empleo de los trabajadores de la central y de las noventa empresas que dependen de forma indirecta de su funcionamiento.

También habló ayer el diputado del PP y ex presidente de Endesa Manuel Pizarro. El dirigente afirmó que la clausura de la planta atómica «provocará que suba el recibo de la luz. El cierre es un error», dijo. En la misma línea se manifestó el presidente de la Comisión de Energía de la CEOE, Antonio Garamendi, que alertó de que el «coste energético se dispararía"si se cierran las centrales nucleares. «La nuclear y las renovables son perfectamente compatibles», aclaró.

Por último, el secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, expresó su «rechazo» al cierre y exigió que se busquen «alternativas de manera inmediata para causar el menor daño posible a la zona».