Es una lacra no un derecho

El año pasado se registraron oficialmente en España unos 112.000 abortos, un 10% más que el anterior. En 1983, fecha en la que se despenalizó, el número de abortos rondaba los 20.000. Las cifras, abrumadoras y en constante crecimiento, son la evidencia de un fracaso colectivo que tiene a la mujer como víctima principal. Durante los últimos 25 años, los poderes públicos se han hecho trampas a sí mismos con una ley que nació para ser burlada. Lejos de reducir las traumáticas prácticas abortivas, la ley-coladero las ha disparado de forma exponencial, al tiempo que se ha dejado en segundo plano la formación sexual de los jóvenes y las ayudas a las embarazadas con problemas de diversa índole, entre ellos el del maltrato y la violencia de género, que se han visto forzadas a abortar.Si en algo coinciden la izquierda abortista y la derecha pro-vida es en que la ley de hace 25 años ha sido un desastre que lejos de reducir la dimensión del drama, se ha limitado a facilitarlo con una legalización encubierta. También coinciden ambos bandos en que el aborto es una tragedia, una intervención traumática de la que derivan graves efectos secundarios para la salud física y psíquica de la mujer. Salvo para las feministas radicales, que no le dan más importancia que a una operación de juanetes, nadie es tan frívolo que minusvalore las secuelas de un aborto, sea o no voluntario. Sólo por esta unánime apreciación, derecha e izquierda deberían unir esfuerzos para erradicarlo o, al menos, limitarlo a una práctica residual, al margen de lo estrictamente médico. Más aún, los poderes públicos no deberían enfrentarse al problema en términos de derecha e izquierda, tampoco desde una perspectiva religiosa o atendiendo a las variadas opiniones científicas, sino de acuerdo al bienestar ciudadano. ¿Contribuye el aborto libre a mejorar el Estado del bienestar, a respetar la dignidad de la embarazada y a mejorar la salud física y psíquica de la mujer? No parece que de la generalización de un drama se deriven efectos beneficiosos ni para la persona ni para la sociedad. Sin embargo, lo sensato y razonable no siempre prospera en la acción de los gobernantes, rehenes casi siempre de sus hipotecas ideológicas. En el caso del Gobierno socialista, ha hecho suyos los postulados abortistas del feminismo radical, hasta el punto de caer en la contradicción flagrante de elevar a derecho positivo lo que al mismo tiempo considera un drama y un hecho negativo. No es su única contradicción, pues al mismo tiempo que denuncia la ineficacia de la ley actual (habrá que recordarle que también fue obra del PSOE), la mantiene tal cual hasta las 22 semanas, periodo en el que se registra el 99% de los abortos. Es decir, lejos de acotar los fallos detectados, lo que propone la ministra Aído es legalizarlos mediante el aborto libre. Esto es, atajar el fracaso de una ley con una ley del fracaso y equiparar el aborto a cualquier otro método anticonceptivo.Todo ello lleva a concluir que el propósito del Gobierno no es resolver un problema social galopante, sino normalizarlo para que la industria sanitaria aneja pueda desarrollar su línea de negocio con plena seguridad jurídica. Si los dirigentes socialistas quisieran combatir las causas del problema incrementarían las políticas activas en favor de las mujeres gestantes con dificultades, reforzarían la educación sexual en las escuelas y dedicarían, al menos, las mismas subvenciones a las ONG pro-vida que a las abortistas. Con la «Ley Aído», lejos de resolver un grave desajuste social, el Gobierno tira la toalla y lo legaliza disfrazándolo de conquista social.