Estado somos todos

El Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos, y las comunidades autónomas somos gerentes de los servicios que garantizan la igualdad para todos. La fuerza del Estado no consiste en su mayor o menor descentralización, sino que su fuerza y su cohesión están en función de los derechos de sus habitantes y del bienestar social de los mismos. Es el principio de igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, el que debe primar en el sistema de financiación. El acuerdo debe beneficiar a todas las comunidades y por lo tanto al país, ya que lo que es bueno para las autonomías es bueno para España.El objetivo del sistema de financiación autonómico tiene que servir, en su finalidad última, para que los gobiernos de España y autonómicos podamos garantizar la igualdad. Según el artículo 14 de la Constitución, todos los españoles son iguales con independencia de circunstancias personales o sociales y, por supuesto, de su comunidad de residencia.Por tanto, el sistema de financiación debe garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales, pero igualdad también en lo que se refiere a las oportunidades de desarrollo. Para ello, el Estado debe actuar garantizando el equilibrio territorial y la solidaridad (art. 138 de la Constitución). Y entiendo la solidaridad no como un valor retórico o como un fin en sí misma, sino como el instrumento para conseguir la igualdad. La financiación no sólo debe garantizar la igualdad en servicios esenciales, también tiene que garantizar la igualdad en el resto de competencias que hemos asumido.Desarrollo y bienestarPor esto nos preguntamos: ¿para qué quiere Castilla-La Mancha más financiación? La respuesta es evidente: para seguir mejorando la educación, la sanidad, las comunicaciones, las prestaciones sociales, para atender la dependencia... y no para gastar en acciones que no reviertan en el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos; desde luego no para financiar delegaciones o embajadas en el extranjero.Aún no conocemos la concreción de las cifras, pero, según las variables que maneja el Gobierno de España para acordar la financiación autonómica, entiendo que existe un razonable beneficio para los castellanomanchegos. Sin embargo, quedan algunas cuestiones por perfilar que no son baladíes, son las referidas a población, territorio y convergencia.Nos parece que es razonablemente equitativo que se reconozca el incremento real de población en cada territorio. En Castilla-La Mancha somos ya más de dos millones de castellanomanchegos, en concreto, 2.079.401. Hemos crecido un 18,4% desde 1999 hasta ahora, mientras que el conjunto de España lo ha hecho en un 14,8%.La población es un factor esencial, porque son las personas las que reciben los servicios. Por eso deben considerarse algunas circunstancias específicas del incremento de población que consume servicios, principalmente la población joven –educación– y la población envejecida –sanidad y servicios sociales–. En ambos casos, Castilla-La Mancha tiene un porcentaje proporcionalmente superior en estos dos grupos de edad: somos el 4,7% de población mayor de 65 años y el 4,7% de la menor de 18.El territorio también es un factor objetivo que debe ser considerado. Castilla-La Mancha tiene 80.000 kilómetros cuadrados –el 15,7% del territorio– y 919 municipios –el 11'3%–. Es evidente que no cuestan lo mismo los servicios a una población concentrada en grandes núcleos que a esa misma población dispersa en muchos núcleos. Junto a ello, considero que debe especificarse la dotación de los nuevos fondos (de convergencia y de cooperación) y cómo van a evolucionar en el futuro. También sería deseable que el modelo avanzase en una cierta armonización que evitase la competencia fiscal entre comunidades vecinas, lo mismo que debería considerarse este mayor esfuerzo fiscal y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones tributarias de unos y de otros. Sin agraviosEn consecuencia, la solidaridad y la cohesión territorial deben funcionar con carácter general, porque estos principios tienen que ser la base del sistema de financiación. En ningún caso, la aportación mayor o menor de los ciudadanos de un territorio a la caja común debe entenderse como base de agravio a un territorio determinado. La idea de igualdad y los hechos que la llevan a la práctica nos deben mover para que España sea un espacio común que la garantice a todos. La desigualdad económica de los individuos no puede trasladarse a una desigual provisión de los servicios públicos.El sistema de financiación autonómica tiene que erigirse sobre la base de esos principios y, por tanto, en un proceso multilateral. Tiene que ser obra de todos, porque se trata esencialmente de un modelo para todos, que garantice la igualdad de oportunidades y que no sólo dote de suficiencia financiera a las comunidades para atender la prestación de servicios básicos como sanidad y educación, sino que asegure inversión para infraestructuras y equipamientos colectivos que posibiliten acortar las diferencias y desventajas iniciales que pudieran existir en un Estado que somos todos.