Garantías para quién

A la espera de conocer el texto del anteproyecto, en lo que insiste el Gobierno es en la seguridad jurídica y garantías. Incluso se dice que en la ley se va a considerar el aborto como un derecho. Siento verdadera curiosidad por ver cómo se articula este «derecho» con el «Todos tienen derecho a la vida» de la Constitución: me resulta muy difícil verlo compatible. En un Estado de Derecho, como se ha hecho en los países de nuestro entorno, como mucho lo que se hace es despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. En cuanto las garantías, en las intervenciones gubernamentales se subraya la necesidad de proteger los intereses de una de las partes en conflicto, la mujer. Pero en todo conflicto jurídico de intereses, si sólo garantizamos los de una de las partes, desprotegemos los demás: el principal, el de la vida, pero también el del personal sanitario. Me preocupa que se haga tanto hincapié en garantizar que esta nueva «prestación sanitaria» se deberá practicar en los centros de la red pública: ¿Supone esto que no se va a respetar la objeción de conciencia de los médicos? Si es así, estaremos ante otro punto difícilmente salvable de esta ley, que deberá corregirse en el Parlamento si no quiere ser expulsada del ordenamiento por el Constitucional. * Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UNED.