Garzón tacha la querella contra él de represalia «franquista»

Jurídicamente inaceptable y notablemente contradictoria. Así califica el juez Baltasar Garzón la decisión del Tribunal Supremo (TS) de admitir a trámite una denuncia contra él por prevaricación a raíz de su instrucción de la causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. En su recurso ante el Alto Tribunal, el abogado del magistrado, Gonzalo Martínez Fresneda, no se anda por las ramas a la hora de cuestionar la «injustificada» admisión de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

Para Garzón –que defiende que estaba obligado a pedir el certificado de defunción de Francisco Franco y del resto de imputados antes de declarar extinguida su responsabilidad penal–, se trata únicamente de una «burda represalia» de un «colectivo franquista». ¿El motivo? El juez achaca la querella a una «enemistad previa» originada por su decisión de archivar una denuncia contra Santiago Carrillo por los crímenes de Paracuellos, impulsada también por Manos Limpias.

Ni irracional ni extravagante

El magistrado hace hincapié en que su único objetivo al investigar las denuncias de los familiares de los desaparecidos fue «garantizar la tutela judicial de las víctimas», asumiendo que se trataba de un «tema debatible», pero en ningún caso defendiendo «ninguna postura irracional ni extravagante».

Para apuntalar esos argumentos, Garzón recuerda que la Fiscalía –con la que sólo mantuvo, insiste, «discrepancias jurídicas»– no recurrió su decisión de abrir diligencias previas, tras las denuncias de los familiares, en diciembre de 2006.

El juez también subraya que la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de no considerarle competente para investigar el asunto contó con el voto particular de tres magistrados discrepantes que concluyeron que la Audiencia Nacional era «claramente competente» para instruir la causa. Ni el Pleno de la Sala ni la Fiscalía, asegura su abogado, «han advertido la menor sospecha» de que Garzón «haya cometido la menor irregularidad».

El juez mantiene que el delito contra Altos Organismos de la Nación en el que sustentó su competencia (por el alzamiento militar de 1936) sí está vigente. Y aunque reconoce que esta cuestión puede «originar encendidos debates», añade que «de ahí a considerar que tal decisión es indiciariamente prevaricadora media un abismo». Ahora, el Supremo deberá escuchar a la Fiscalía y a Manos Limpias antes de confirmar si admite la causa contra Garzón.

El magistrado niega que su actuación fuese «extravagante» o «esperpéntica»

El juez Garzón mantiene que su decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, en contra del criterio de la Fiscalía, no fue ni «extravagante ni esperpéntica». Y aunque «tal vez discutible técnicamente» –reconoce– se trató, «en definitiva», de una decisión «dictada por un juez independiente en el ejercicio del Poder Judicial» que le confiere la Constitución. Y para remarcar esa conclusión añade que «todos los magistrados de la Sala de lo Penal» que resolvieron sobre su falta de competencia «aceptaron que estaban en presencia de un debate jurisdiccional».

Garzón también recuerda que, durante su baja médica, se hizo cargo del caso su compañero Santiago Pedraz, que siguió adelante con la instrucción «sin cuestionar en ningún momento» que la competencia se hubiese asumido de forma «grosera».

El abogado del magistrado señala en su recurso que el Tribunal Supremo incurre en una «notable contradicción» al aseverar que Garzón pudo prevaricar tanto cuando se declaró competente como cuando se inhibió de la causa. En definitiva, concluye, no parece que su actuación «merezca que se incoe una instrucción penal pretendiendo ver indicios de prevaricación».