Justicia «tumba» las primeras peticiones de indemnización de absueltos del 11-M

El Ministerio de Justicia ha rechazado las dos primeras peticiones de indemnización de los absueltos por el juicio del 11-M: los hermanos Brahim y Mohamed Moussaten, sobrinos del que la Fiscalía consideró uno de los tres «cerebros» de los atentados, Youssef Belhadj, que fue condenado a doce años de cárcel, pero no como ideólogo. Los reclamantes demandaban al Estado una compensación económica (1,2 millones de euros en el caso del primero) por el tiempo que permanecieron en prisión (y por las secuelas que les ha acarreado su implicación en los atentados), lo que consideran un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Pero el Ministerio que dirige Francisco Caamaño ha avalado la instrucción realizada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo respecto a ambos acusados, por lo que no aprecia ningún error judicial que justifique la pretensión de los hermanos Moussaten.

El Tribunal Supremo ya ha dejado claro en su jurisprudencia que si el acusado ha sido absuelto por falta de pruebas, y no se acredita la existencia de un error judicial, el reclamante no tiene derecho a percibir una indemnización por anormal funcionamiento de la Justicia.

Los dos hermanos fueron acusados de colaboración con organización terrorista. Brahim, el primero en presentar la demanda, fue absuelto al concluir el juicio del 11-M después de que tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones retiraran los cargos contra él a la vista del desarrollo de la vista oral. Mohamed, en cambio, tuvo que esperar más, pues tuvo que aguardar a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional. Ambos se enfrentaban a seis años de prisión por facilitar a uno de los terroristas huidos el teléfono de su tío Youssef Belhadj en Bélgica.

Al tratarse de las dos primeras reclamaciones presentadas, la negativa de Justicia parece marcar el sino de las restantes solicitudes de indemnización de otros absueltos del 11-M. Pero la decisión de Justicia no cierra la puerta a la reclamación, pues deja expedita la vía contencioso-administrativa, donde los defensores de los solicitantes trasladarán su petición.

El abogado de Brahim Moussaten, Eduardo García Peña, cifró en 1,2 millones el perjuicio moral ocasionado a su cliente, que fue vinculado durante años, se quejaba, al peor atentado cometido nunca en Europa. García Peña sostiene que cuando la Fiscalía pidió su ingreso en prisión –tras su detención en febrero de 2005– lo hizo sin fundamento alguno.