La Alta Inspección de Educación persigue a las autonomías del PP

La Alta Inspección de Educación, es decir, el cuerpo de funcionarios del Estado encargado de verificar que las comunidades autónomas cumplen la normativa estatal de enseñanza, han cargado más las tintas en el último año en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Mientras que en las socialistas los funcionarios no solicitaron apenas información, las gobernadas por populares acumulan una larga lista de requerimientos que en la mayoría de los casos han acabado en la apertura de un expediente. Encabeza la lista Madrid, con 11 solicitudes de información de la Alta Inspección, de los que 7 terminaron en recurso. Entre las más perseguidas también está Murcia (a la que se pidió explicaciones en cuatro ocasiones y en la mitad de los casos se abrió expediente) y Castilla y León (reclamada en tres ocasiones que acabaron con la apertura de otros tantos expedientes.

Cese de directores

En el extremo opuesto se sitúan Andalucía, Cantabria, Galicia o Baleares, con gobiernos socialistas en 2008, que no incurrieron en ningún error a ojos del cuerpo de funcionarios. Cataluña merece especial atención, ya que en esta autonomía la Alta Inspección ha pasado de perfil, pese a la persistente polémica lingüística, y sólo fue interpelada por un asunto relacionado con el nombramiento y cese de directores de centros. No hubo recurso. Los datos de requerimientos por autonomías han sido facilitados por el Gobierno en respuesta a las preguntas del parlamentario popular Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz de Educación en la Cámara Baja, quien considera que la Alta Inspección «se ha guiado más por los dictámenes políticos a la hora de hacer su trabajo y resulta muy sospechoso que sean precisamente las comunidades del PP las más expedientadas», añadió.

El portavoz del PP en el Senado, Luis Peral, se quejó ayer en la Comisión de Educación de la «ceguera y sordera» que sufre el cuerpo de funcionarios a la hora de comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico, se adecúan a las enseñanzas comunes, o a la hora de acometer funciones de «policía lingüística» y velar por el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, dos de sus cometidos principales. En este capítulo, «no estamos en un Estado donde se garantizan derechos y libertades en todas las comunidades autónomas», dijo.

Una de sus quejas es la desigual Historia de España que se estudia dependiendo de la comunidad que «ha convertido a nuestros jóvenes en "hobbits"que nada conocen más allá de los límites de la comarca», añadió el senador.ANÁLISIS: Una Historia de España «manipulada»

- ¿Se estudia la misma Historia de España en todas las autonomías?

–No. Esta materia obligatoria recibe incluso distintas nomenclaturas. En Cataluña y el País Vasco esta asignatura se denomina «Historia» a secas.

- ¿Qué diferencias se aprecian?

–El PP ha denunciado, por ejemplo, que en el currículo de bachillerato de Andalucía «no se mencionan culturas gloriosas como la de los Tartesos y se evita mencionar a la Guerra de la Independencia y, por increíble que parezca, la Constitución de Cádiz. En los currículos de Aragón y Cataluña, no se habla de la expansión de la Corona de Aragón, según el senador Luis Peral.

- ¿Qué opina el Gobierno?

–El Ministerio de Educación cree que no puede obligar a utilizar ningún libro de texto ni a considerarlo oficial puesto que son los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, los que los adoptan. Asegura que la inspección actúa por denuncias concretas, «con nombre y apellido», y no tiene conocimiento de que haya habido en este sentido.