La Consejería de Educación catalana no cumplirá la sentencia del Supremo

Barcelona– La Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña no piensa cambiar, de cara al próximo curso escolar 2009-2010, su hoja de preinscripción para alumnos. En ella sólo se pregunta a los padres que indiquen los idiomas que entienden sus hijos, contradiciendo la Ley de Política Lingüística aprobada en 1999 por el Gobierno catalán, que indicaba que «los niños tienen derecho a recibir enseñanza en su lengua habitual».
Fue aprobarse dicha ley y desaparecer en las hojas de preinscripción escolar la posibilidad de educar en castellano, hecho que se ha mantenido en las dos Legislaturas del tripartito formado por PSC, ERC e ICV.
El pasado sábado, el Tribunal Supremo otorgó la razón a anteriores sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya en 2004 recordó al departamento de Educación catalán que debía obedecer la ley aprobada por su Ejecutivo.
La Generalitat obedece
Tras hacerse pública la sentencia del TS, el consejero de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana de la Generalitat, Joan Saura, señaló que «acatarían la sentencia del Supremo», pero, no obstante, recordó que «no afectará a nuestra política de inmersión lingüística».
Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron a LA RAZÓN que «esta sentencia del Supremo ya está en marcha desde 2004, cuando el TSJC estimó en parte el recurso de Convivencia Cívica Catalana (CCC)». Añadieron además que, a su juicio, el hecho de preguntar a los padres el idioma que entienden sus hijos casi equivale a cuestionar por la escolarización de los alumnos y cumple el citado artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, que indica que «todos los alumnos tienen el derecho de recibir enseñanza en su lengua materna».
De esta manera, el departamento de Educación dejó claro que, a su juicio, llevan cuatro años cumpliendo con la sentencia del TS y que no tienen ninguna intención de modificar la hoja de preinscripción escolar, que irónicamente incluye el artículo 21.2 de la normativa catalana. Falta por ver cómo se traduce la contradicción entre Saura y el departamento de Educación. De momento, las mismas fuentes de la Consejería afirmaron que «no queremos separar a nadie por motivos lingüísticos», e insistieron en que la casilla sobre la comprensión de y/o castellano existe desde 2006. Hasta el momento, el TS otorga la razón a las resoluciones del TSJC, que recordaban que el propio Gobierno catalán incumplía su misma ley.