La Delegación del Gobierno elude su responsabilidad

MADRID- La Delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, consideró ayer que el acto convocado por el movimiento ultraderechista Nación y Revolución y Combat España el pasado viernes, 29, en la Plaza de Tirso de Molina era «en sí mismo una provocación».

En declaraciones a Efe, la Delegada recordó que el acto, que acabó en batalla campal, con media docena detenidos, otros tantos heridos leves, decenas de contenedores y papeleras incendiadas, un par de coches calcinados y desperfectos en sucursales bancarias y gran cantidad de mobiliario urbano del barrio de Lavapiés fue autorizado por la Junta Electoral de Zona.

En este sentido, Mestre quiso dejar claro que durante la campaña electoral compete a las Juntas Electorales de zona autorizar o prohibir los actos o manifestaciones si bien el departamento que ella dirige sí ha autorizado en otras ocasiones que radicales de distinto signo se manifiesten prácticamente al unísono causando la muerte de un chico el noviembre pasado.

Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid denunció en un comunicado que si la Delegación es competente para no permitir la próxima manifestación prevista para el 8 de marzo, y obliga a que se cambie de fecha, «también ha de ser competente para que no haya convocatorias xenófobas y fascistas». Además, indicó que la concentración era un acto fascista «en toda regla» porque que ellos sepan «ni Nación y Revolución ni Combat España se presentan a las elecciones».

La Delegada de Gobierno en Madrid quiso por último hacer referencia a las cifras de delincuencia en la región, y señaló que «el dato que reiteran sectores cercanos a la derecha y al propio Partido Popular sobre que la delincuencia en el territorio de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha aumentado un 49,55 respecto de 2007 es radicalmente falso».

Datos «serios y rigurosos»

Mestre sostuvo que los únicos datos «serios y rigurosos» en materioa de seguridad son los facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad, y que estos reflejan un descenso de la criminalidad, especialmente en homicidios, que han descendido un 36 por ciento desde el año 2003 a 2007, pasando de las 92 muertes violentas a 59.