La Justicia internacional ordena el arresto del presidente sudanés

el cairo- El presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, será juzgado por siete cargos, cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje-. Pero, por el momento, los jueces no han incluido la acusación de genocidio como solicitaba el fiscal. Mientras Amnistía Internacional (AI) se felicitaba ayer por la decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya y la calificaba de «un hecho sin precedentes en la historia de un conflicto, en el que han muerto 300.000 personas», la Liga Árabe exigía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una reunión extraordinaria para retrasar la ejecución de la orden de detención. La secretaria general de AI, Irene Khan, sostuvo que «la ley es clara. El presidente al Bashir debe comparecer ante este tribunal para defenderse». «Si se niega a hacerlo», agregó Khan, «las autoridades sudanesas tienen la obligación legal de detener a Bashir y entregarlo inmediatamente ante la CPI». Pero el Gobierno de Jartum ha rechazado todas las acusaciones contra el presidente sudanés y se niega a entregar a su jefe de Estado, a pesar de que la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad exige a Sudán cooperar con la CPI. El ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, fue claro a este respecto e insistió en que su país no tratará con la CPI ni la reconocerá, porque esta corte «no tiene competencia ni poderes en Sudán» Tanto la Organización para la Conferencia Islámica como la Liga Árabe y la Unidad Africana, entre otras organizaciones internacionales, apoyan la postura de Sudán. Desde El Cairo, los miembros del organismo panárabe advirtieron ayer de que cualquier acusación puede empujar al país a una crisis más profunda. El ministro de Exteriores sudanés, Ali Karti, quien calificó de «politización de la justicia internacional» la orden del CPI, aseguró que «cualquier intento de intervenir en los asuntos de Sudán tiene el objetivo de detener el desarrollo económico y político del país», que tiene previsto celebrar elecciones a finales de este año. Para el analista Azmi Ashour, del Centro Al Ahram, la decisión de la Corte Penal Internacional «afectará negativamente a la unidad de los sudaneses y conduciría a una guerra civil en el sur y el oeste del territorio sudanés». A su juicio, la mejor solución es pedir la dimisión de Al Bachir y nombrar un nuevo presidente para afrontar «el colapso político y financiero en Sudán». Desde Jartum, una fuente occidental aseguró a LA RAZÓN que, «de momento, la violencia no parece que vaya a aparecer en un horizonte inmediato». Lo que sí está claro es que se producirán reacciones, sostuvo. En la capital se vive desde hace días una «tensa calma», pero «nadie acierta a predecir las consecuencias que provocará en Sudán la decisión de la Corte Penal Internacional».