La LEC nacerá con el blindaje del catalán y el tripartito dividido

La nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) dio ayer su último paso antes de ser debatida y votada en el Pleno del Parlament el próximo mes. La ponencia parlamentaria ultimó su contenido, tras meses de negociaciones. Todos los partidos opinaron al respecto e ICV confirmó lo que ya se sabía, que votará en contra de algunos de los artículos de la normativa.

La Ley se aprobará fruto de los votos de otro «tripartito», formado por PSC, ERC y CiU. Es decir, que permite la sociovergencia, con el permiso de Esquerra. El PP y C's también se oponen. Será la primera vez que los ecosocialistas votan en contra de una ley del Govern en las dos legislaturas que lleva el tripartito en la Generalitat. ICV tuvo discrepancias con sus socios de PSC y ERC en asuntos como el túnel de Bracons y la Línea de Muy Alta Tensión (MAT), pero los tres partidos nunca se han dividido frente a una ley, que además es uno de los pilares básicos de esta legislatura.

«Agravio entre modelos»

La portavoz de ICV, Dolors Camats, insistió ayer en que su formación no apoyará una ley que «no es asumible en puntos clave». Camats señaló que «no se equiparan las obligaciones entre la escuela pública y la concertada, los segundos salen reforzados y con menos cargas».

Otra discrepancia de los ecosocialistas es que creen que «la normativa permite que se mantengan los conciertos de los centros privados que separan a los alumnos por sexos». ICV también se queja de que la ley «está alejada del espíritu del Pacto Nacional de Educación» y de que «tendrá consenso político, pero no social». Por el contrario, respaldará el título de la ley que impulsa una mayor autonomía para los centros.

Muy diferente es la opinión del PSC. Su responsable en la ponencia de esta ley, Daniel Font, destacó que «la mayoría de los artículos tendrán un apoyo del 78 por ciento, y en otros casos, del 98 por ciento». Añadió que «respetamos la discrepancia de ICV, pero no hay motivos para su oposición con el fracaso escolar que sufrimos». Otro punto que destacaron los socialistas es que la normativa «incorpora la capacidad de decidir como se organizan los currículos escolares».

Los dos partidos nacionalistas en el Parlament, CiU y ERC, bendicieron la ley y elogiaron que blinde la inmersión lingüistica, iniciada precisamente por los gobiernos convergentes. La normativa deja sin efecto el decreto del Gobierno que pretendía introducir una tercera hora de castellano en las escuelas. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, definió la ley como «la más importante de esta legislatura» y celebró que «con el blindaje de la inmersión lingüística ningún juez pondrá en jaque nuestro sistema». Los republicanos destacaron que «en ocho años el Govern tendrá que duplicar su inversión en educación en el PIB».

«Ley de país»

La responsable de educación de CiU, Irene Rigau, se expresó en una línea parecida a ERC, pero añadió que «se han aceptado el 90 por ciento de nuestras enmiendas, hemos conseguido una ley de país que mejora el proyecto que entró en el Parlament».

Por su parte, el diputado del PP Rafael López lamentó que la LEC «rompe el Gobierno catalán cuando debería ser una ley de país». A su juicio, esta ley «genera el mayor rechazo social de la historia, no tiene el apoyo del profesorado –el sindicato mayoritario, Ustec–STE's, es contrario a la LEC– y es ampliamente nacionalista, las familias se quedan sin derechos lingüísticos».Hoy examen no vinculante pero que ha costado un millón

Un total de 66.308 alumnos de sexto de Primaria realizarán hoy una prueba para valorar sus conocimientos en comprensión lectora y expresión escrita en catalán y castellano, así como su dominio del cálculo y de la resolución de problemas matemáticos. El examen, que cuesta un millón de euros a la conselleria d'Educació y que no es vinculante, se llevará a cabo en 2.083 centros. Tiene que determinar el dominio de estas competencias al final de la etapa de Primaria, ya que estos alumnos deberán iniciar ya el curso que vienen sus estudios de Secundaria. Un total de 77 comisiones velarán por la aplicación correcta de los mecanismos de la prueba.Los resultados de la prueba no se tendrán en cuenta en el expediente del alumno, ya que su finalidad es tan sólo obtener información sobre su nivel de competencia. Las escuelas recibirán una información general sobre los resultados de sus alumnos, mientras que a las familias se les hará llegar un informe escrito con la nota.