Las redadas contra inmigrantes se multiplican por toda España

Una circular de la comisaría de Vallecas fue la mecha que encendió la polémica sobre la persecución de inmigrantes en Madrid el pasado mes de febrero. A pesar de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció una contraorden para que cesara esta persecución, no ha cambiado nada. E incluso ha empeorado, porque se ha extendido de Madrid a otros puntos de España, según relata la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine).

Málaga. Los inmigrantes de Estepona, Marbella y San Pedro del Pinatar han denunciado que la Policía llega a hacer redadas en sus propios domicilios. Con el argumento de que tienen noticias de que se están distribuyendo drogas, logran acceder a las viviendas y proceden a la identificación y detención de todos los presentes que están en situación irregular.

Sevilla. Los vendedores ambulantes del Charco de la Pava o del Parque Alcosa son los más perjudicados. En ambas zonas hay identificaciones a diario y dicen que, en ocasiones, abuso de autoridad. Otros lugares donde hay «cacería» de irregulares son los centros comerciales, sobre todo en el de Nervión, plazas, parques, centros deportivos, discotecas y paradas de autobús. También hay detenciones selectivas en la Plaza de Armas y el barrio del Cerezo, con una gran presencia de inmigrantes. La situación se repite en las provincias de Jaén y Huelva.

Almería. Los operativos en la provincia corresponden a la Guardia Civil y tienen un objetivo claro: la detención indiscriminada de marroquíes. Según denuncia el Sindicato Obrero del Campo, se están «haciendo auténticas tropelías y los inmigrantes tienen miedo hasta de llevar a sus hijos a la escuela». Esta persecución «está provocando un aumento de la xenofobia entre los ciudadanos, que ven cómo sólo se detiene a un colectivo, al que acaban haciendo culpable de todos los males de la sociedad. Les sacan de sus negocios e incluso de sus casas y les tratan como a delincuentes. Las zonas más afectadas son las de Níjar y El Ejido», indicó.

Alicante. Las asociaciones de derechos humanos llevan varios meses denunciando los abusos de las fuerzas del orden y han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno con el objetivo de buscar una solución. Los lugares más vigilados son las canchas de fútbol, estaciones de autobús, colegios, paseo marítimo o el consulado boliviano. «La expulsión es un doble problema porque dejar el país nos provoca uno y genera otro para la nación receptora», lamenta Víctor Hernández, de Ferine Alicante.

Murcia. Las localidades más afectadas son Torrepacheco, San Pedro del Pinatar y Lorca. La forma de actuar se repite: la Policía hace una redada para buscar drogas y prostitución y acaba con varias detenciones por no poseer la documentación en regla. Los agentes también han frecuentado mezquitas y el consulado de Bolivia.

Tarrasa. Se producen sobre todo en dos zonas. En Ca n'Anglada, Policía y Mossos d'Esquadra cortan las calles para identificar a todos los que transitan por ellas. Las redadas también se producen en bares, locutorios e, incluso, en panaderías. La persecución se ha extendido también al barrio de Matadepera, una zona residencial donde se detuvo a 14 mujeres que trabajaban en el servicio doméstico.

Asturias. Vendedores del «top manta» y trabajadores de la construcción han sido los objetivos marcados por el jefe de la Policía Local de Oviedo, Agustín de Luis, según la asociación Cambalache que, además, denuncia que los registros en viviendas se están convirtiendo en algo habitual.

ANÁLISISUna medida que sólo sirve para amedrentar y controlar a los irregulares¿Son realmente efectivas las redadas masivas contra los inmigrantes?–Sólo consiguen crear un estado de miedo colectivo entre todos los irregulares que, en muchas ocasiones, cambian sus hábitos para evitar las zonas donde se realizan estas identificaciones. El miedo y la crisis han conseguido también frenar los flujos migratorios.¿Qué pasa con los detenidos? ¿Son repatriados?–Tampoco. La mayoría son puestos en libertad a las pocas horas con una orden de expulsión que suele caducar. En ese momento se convierten en inexpulsables y entran en una especie de «limbo jurídico», que no les permite obtener los papeles por tener una orden de expulsión, lo que les impide encontrar un trabajo que les dé el arraigo necesario para solicitar residencia.¿Cuántos inmigrantes hay en esta situación? –No existe una cifra oficial, pero se estima que hay más de 20.000. La única opción que les queda es volver a su país, pero la mayoría prefiere esperar a que haya una nueva regularización.