Los presos de Guantánamo que acoja España podrán recurrir en la Audiencia

La actual legislación cuenta con mecanismos para acoger presos de Guantánamo en España, pero una de las consecuencias que podría acarrear la decisión sería que podrían demandar a Estados Unidos ante la Audiencia Nacional en virtud del principio de justicia universal. La petición de ayuda de la Casa Blanca que el Gobierno ha empezado a estudiar para cobijar a cuatro prisioneros sin cargos también suscita dudas por el «limbo» jurídico del que proceden, al coincidir en que sus derechos no fueron respetados en Guantánamo.El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos Cástor Díaz argumenta que la «situación antijurídica» de esta prisión «condiciona la solución», aunque cree que puede haber fórmulas legales para la acogida «si también hay voluntad política real». Díaz, en declaraciones a Efe, apunta que el traslado de los cuatro prisioneros debería tener como requisitos el respeto a los derechos humanos y a leyes como la de Extranjería, además de «no poner en riesgo la seguridad del Estado».Reconoce Díaz que con la actual ley, «la puerta queda abierta» a que los deportados puedan acogerse a la justicia universal para pedir un resarcimiento por los años de reclusión en el penal. Sólo lo podría impedir, añade, la reforma que Gobierno y PP negocian para limitar este principio. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada aconseja ser «prudentes» sobre las incógnitas que plantea un caso que nace en «el agujero negro jurídico que es Guantánamo». De Prada aclara que sería viable esta demanda «al ser residentes en España», aunque condicionada a la reforma para limitar la jurisdicción universal, por lo que podría ser más «pragmático» dar una compensación económica por el tiempo de estancia ilegal en Guantánamo acusados de supuestos vínculos terroristas. Por su parte, Fernando Piernavieja, del Consejo General de la Abogacía, conviene en que «cabe la posibilidad» de una demanda contra Estados Unidos desde España, «incluso no siendo a través» de la Audiencia Nacional, para reclamar una reparación por los daños morales y físicos durante su reclusión.

El Congreso pone límitesEl Congreso aprobará el próximo jueves, en el último pleno de este periodo de sesiones, la reforma que limitará la jurisdicción universal por parte de la Audiencia. Esta limitación se ha incluido a través de una enmienda en el proyecto de la nueva Oficina Judicial y sólo ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto se han desmarcado de esta iniciativa. En concreto, lo que se propone es que los tribunales españoles únicamente puedan intervenir en causas de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otras, cuando existan víctimas de nacionalidad española o el responsable del delito esté en España. También deberán archivar el proceso cuando se abra otra causa por el mismo hecho en el país competente.