Malabares para saldar las deudas con los acreedores

sevilla- El trámite plenario necesario para acogerse a una línea especial de refinanciación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha revelado la cuantiosa deuda que los ayuntamientos sevillanos acumulan con sus proveedores. Con la fecha límite fijada ayer, los consistorios que han decidido acogerse al Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril han tenido que aprobar su correspondiente plan de saneamiento. La propuesta debía recoger con fundamento cómo se financiará el crédito que se puede solicitar con el aval del ICO para pagar las facturas de los proveedores, lo que directamente mejorará la situación de las empresas y los autónomos, los grandes beneficiarios, en última instancia, de esta medida aprobada por el Consejo de Ministros.En la mayoría de los ayuntamientos, la nueva inyección de liquidez estará acompañada de toda una revisión de sus políticas de gastos. El recorte presupuestario estará a la orden del día en los próximos cinco años, ya que el equilibro financiero será, más que nunca, una condición insoslayable para tener acceso a más créditos en el futuro.La alarma saltó hace unas semanas en el Ayuntamiento de Palomares del Río, cuando la caja municipal se quedó sin fondos para abonar las nóminas a los 130 empleados municipales. Un informe de la Secretaría municipal revelaba un déficit de siete millones, cinco generados por el Consistorio y dos que arrastraba la empresa municipal Emdespal. Con la ayuda de los técnicos, el alcalde, Juan Bautista Ginés (PSOE), ha ultimado un Plan de Saneamiento Económico-Financiero que se aplicará en seis años y que, en contra de lo estimado al principio, no supondrá recortes en la plantilla municipal.Si hay margen para el empeoramiento respecto a Palomares del Río, el Ayuntamiento de Burguillos representa este triste récord. Se estima que la deuda con los proveedores municipales es de 14 millones de euros. La sociedad municipal Burguillos Natural ha drenado en los últimos años las finanzas municipales de un municipio que ha colmatado su PGOU sin que las plusvalías urbanísticas hayan servido para sanear el Ayuntamiento y mejorar los servicios municipales. El cambio de gobierno en La Algaba se ha justificado en la necesidad de hacer frente a una deuda no cuantificada que puede rondar los 12 millones de euros. El nuevo Ejecutivo plantea un «recorte drástico» de los gastos. El Ayuntamiento de San Juan también ha dado a conocer un nuevo plan de saneamiento de sus arcas que estará acompañado de un crédito de 6,1 millones de euros para hacer frente «de inmediato» a las deudas contraídas con los proveedores. El Consistorio sanjuanero prevé recortar en un 2% los gastos del capítulo de personal. También ha revelado su programa financiero para los próximos años el Ayuntamiento de Marchena, donde se ha aprobado una nueva operación de endeudamiento por valor de 2,5 millones para afrontar pagos.