España

Pablo Soto: «No soy el héroe de las descargas»

Ayer comenzó el esperadísimo pulso judicial entre la industria discográfica y el joven autor de programas de intercambio de canciones. En juego, trece millones de euros y el futuro de las descargas en nuestro país.

Pablo Soto: «No soy el héroe de las descargas»
Pablo Soto: «No soy el héroe de las descargas»larazon

Como una estrella del rock, trajeado y con deportivas, se plantó ayer Pablo Soto en los juzgados de la Gran Vía. La expectación era inusitada: medio centenar de fotógrafos y reporteros se agolpaban a las puertas para presenciar la llegada del protagonista del mayor juicio contra el intercambio de canciones de la historia de España. Ante ellos, defendió la legalidad de los programas que han provocado que las principales discográficas le reclamen una compensación multimillonaria. Y, antes de entrar en la sala donde se celebra el juicio, lanzó un último mensaje: «No soy el héroe de las descargas».

 

El primero por la vía civil

 

No piensa lo mismo la industria del disco, que hace un año le plantó una demanda de 13 millones por su «conducta parasitaria». Con esta cantidad pretenden resarcir los daños que, según ellos, les ha causado Soto con sus programas de intercambio de canciones como Piolet, Manolito o Blubster. El esperadísimo juicio, que concluirá mañana, es el primero que se celebra en España por la vía civil. Se trata de la nueva estrategia de las discográficas contra las descargas tras el fracaso de la vía penal, ya que los tribunales han declarado que intercambiar canciones no es delito si no existe ánimo de lucro.

 

Por su parte, Soto basa su defensa en el principio de «neutralidad» de la tecnología. Es decir, que un programador de software no es responsable del uso que le den sus clientes, al igual que nadie demanda al fabricante del cuchillo con el que se asesina a alguien. Por eso, el acusado se mostró convencido de que el tribunal le dará la razón. «Las discográficas lo saben, pero quieren llamar la atención y plantar en el inconsciente colectivo la idea de que esto es ilícito y que así otros programadores se lo piensen dos veces», denunció.

 

El juicio comenzó a mediodía con la declaración de los representantes de la acusación: la patronal del disco Promusicae y las cuatro multinacionales (Warner, Universal, EMI y Sony-BMG). Por la tarde, llegó el turno de tres peritos tecnológicos y de un testigo de la defensa, Marty Lafferty, director ejecutivo de DCIA, una asociación que reúne a los sectores afectados por el avance del p2p, como los creadores o las páginas de descargas. «Los españoles deberían estar orgullosos de Soto», aseguró.

 

Como Napster

 

El resto de testimonios se producirán mañana, fecha prevista del final del juicio. Sin embargo, la sentencia tardará bastantes meses en publicarse. Además, ambas partes parecen dispuestas a llegar al Tribunal Supremo, así que la resolución definitiva tardará varios años en cerrarse. De todas formas, los expertos consideran que este juicio es un «Napster a la española»: es decir, un caso que marcará el devenir de la lucha contra la «piratería» en nuestro país.

 

Desde el comienzo del juicio, la estrategia de los demandantes quedó clara. Por un lado, acusan a Soto de incitar a los usuarios a descargarse música con derechos de autor a través de su programa. Además, le achacan que no instalara ningún «filtro» que detectara las canciones protegidas e impidiera que usuarios anónimos las descargasen a sus ordenadores. Y, finalmente, aseguran que se lucró vendiendo publicidad y versiones «premium» de su software de descargas. «Los programas de Soto son instrumentos de infracción masiva de nuestros derechos», asegura el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola.

 

Por su parte, la defensa baraja diversos argumentos además del principio de «neutralidad» y la imposibilidad de controlar las actividades de los usuarios de los programas de Soto. Primero, recalcan que el p2p no sólo sirve para bajar música protegida: también tiene usos industriales y, además, permite la descarga de canciones sin «copyright». También cuestionan la utilidad de los filtros y, en todo caso, no creen que aplicarlos sea responsabilidad suya. Y, finalmente, niegan que el software de Soto «oculte» la identidad de los internautas más que cualquier otro programa informático. «Están tratando de criminalizar la innovación creando una gran maraña legal sin ninguna sustancia», explica Javier de la Cueva, uno de los abogados de la defensa.

 

El juicio ha convertido a Soto en el ídolo de los defensores de las descargas y la «cultura libre». Según ellos, las «multis» se están cebando con él para achantar al resto. Desde luego, Soto es el programador de p2p más conocido de España: ya lleva más de 25 millones de descargas de su software. Y eso que es un autodidacta puro: dejó los estudios en la adolescencia y aprendió a programar por su cuenta. Por eso, ridiculizó la millonada que le exigen las discográficas en esta demanda. «No tengo ese dinero: vivo de alquiler y viajo en transporte público», aseguró. «Como las discográficas no han podido ni con los usuarios ni con los operadores de telefonía, van a por los programadores. Pero estoy tranquilo, porque sé que el juez va a darnos la razón».13 millones muy discutidos

 

Al presentar su demanda, las discográficas se toparon con un problema: ¿cómo evaluar los daños que les habían ocasionado el software de Soto? Su solución fue sencilla: contaron una canción sin vender por cada descarga de los programas al precio unitario de un dólar. Traducido a euros, da los 13 millones de la demanda contra el programador español. Ayer, la defensa intentó minar estas cifras desde distintos flancos. Primero, argumentaron que muchos usuarios descargan programas en más de una ocasión, o se los bajan y no los instalan. Además, pidieron a los representantes de las discográficas que indicaran a qué precio venden sus canciones en los portales «legales» de internet, pero todos se negaron por cuestiones de confidencialidad. «Esto vulnera el derecho a la defensa en un aspecto capital del procedimiento», se quejó uno de los abogados de la defensa, José Ignacio Aguilar.