Socialistas católicos admiten que la ley de plazos causó la derrota electoral

Las voces críticas en el PSOE no se limitan a la propia Ley del Aborto. Tras la derrota en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, comienzan a surgir voces que relacionan directamente la presentación del anteproyecto de la ley de plazos (que considera el aborto un derecho hasta las 14 semanas) con la debacle electoral. El profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la corriente Cristianos Socialistas, Fernando Vidal, señaló ayer que el PSOE perdió los comicios europeos a causa, precisamente de su propuesta para reformar la Ley de Interrupción del Embarazo.

En un artículo publicado en la revista «Vida Nueva», Vidal sostiene que, por el aborto, «unos 650.000 votos católicos socioliberales se han ido a la abstención como un paso previo a votar al Partido Popular en las siguientes elecciones». «El apoyo al Gobierno estaba manteniéndose por un delgado hilo que el aborto acaba de cortar», agrega.

En su opinión, el Gobierno actúa en este asunto «con la premisa de que el voto católico está ya decantado tras la anterior Legislatura». «Los estrategas creen que el voto católico que no se hubiera movido ya no cambiará. Error. Se dejan guiar por encuestas en las que con unas pobres preguntas creen tener ya explicado el mapa de un catolicismo que implica a más de 30 millones», dice.

En este sentido, y tras considerar que en la anterior Legislatura sólo se movilizó una parte del voto de la comunidad eclesial, destaca que la situación en estos momentos «es cualitativamente distinta a todas las anteriores». «Así como en otros temas hay mayor pluralidad, frente al aborto la Iglesia muestra un juicio unido», añade.

Mientras, la postura oficial del PSOE sigue siendo opuesta. Carmen Montón, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, arremetió ayer contra los obispos y dijo que «les damos lo mismo que les pedimos: respeto. La Iglesia aplica su código moral, pero el Parlamento no se rige por ese código». Además, advirtió de que la objeción de conciencia «no puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos».