Maduro recrudece la represión

La jornada más sangrienta de los 90 días de protestas en la calle se salda con cinco muertos. El Supremo fija el juicio a la fiscal Ortega para el 4 de julio y le prohíbe salir de Venezuela.

La grieta se ahonda mientras aumenta la tensión y la represión. La batalla se libra en dos frentes, principalmente: por una parte las protestas en las calles, que se han vuelto imparables e incombustibles, y, por el otro, aquellos fieles al fallecido Hugo Chávez que desde las filas internas critican la decadencia del sistema actual. Es donde más duele, un ataque certero «al corazón del Palacio de Miraflores». Hay otra ventana abierta, las presiones en materia internacional, comandadas por la dirección de la OEA y que, por ahora, no parecen causar efecto en «la coraza oficialista». Un tridente incapaz de atravesar el escudo chavista, sostenido por el Supremo fundamentalmente. Esa nueva entelequia que convierte en realidad los designios del presidente Maduro. Es el gran soporte de imaginario chavista, interpretando la Constitución a su antojo. Sin embargo, desde hace meses ha surgido una fuerza inesperada capaz de hacerles frente: la Fiscal General Luisa Ortega. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela citó ayer a Ortega a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país, informó el tribunal. La Sala del TSJ «fija la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio» y acordó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y congelación de cuentas bancarias y bienes.

El TSJ, acusado de servir al Gobierno, ordenó también comparecer a la audiencia el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal, y el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb. Carreño, quien también pidió al TSJ evaluar la «salud mental» de Ortega, asegura que la fiscal «mintió» al asegurar que no había aprobado la selección de 33 magistrados, que, según ella, fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista en diciembre de 2015.

Por su parte Luisa Ortega Díaz ofreció una conferencia de prensa para expresar su malestar y descontento con las últimas sentencias del Tribunal Supremo. «Parece que en Venezuela todos son terroristas. Yo creo que hay terrorismo de Estado», enfatizó.

«Ayer [por el martes], el TSJ emitió dos particulares sentencias. Respecto a la primera decisión, le dan competencias a la Defensoría. Conozco el contenido de las sentencias por los medios. El TSJ no me dio acceso», subrayó. Y agregó: «Lo mismo que hizo el TSJ con la Asamblea Nacional lo hace contra la Fiscalía. La inseguridad jurídica aumenta, no saben dónde van a defenderse». La fiscal se mostró muy preocupada y siguió su crítica a la decisión del Supremo: «Con esta sentencia puede que entreguen la investigación de los derechos humanos a quienes los violen. Pueden querer aniquilar al contrario político». Y concluyó: «Llamo a todos los sectores del país, a todos, a permanecer apegados a la Constitución. Desconocemos las sentencias».

En este contexto represivo y pese a la intensa lluvia, la oposición marchó en todos los estados venezolanos hasta las respectivas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en rechazo al proceso constituyente que impulsa el Gobierno de Maduro para redactar una nueva Carta Magna.

En Altamira (Caracas), la Policía chavista reprimió el inicio de la concentración y se llevó detenida a una persona que se manifestaba pacíficamente. De nuevo vivimos perdigonazos, olor a caucho, rostros tapados de la «resistencia» –el frente de choque de los estudiantes que se entremezclaban con malandros (delincuentes). Una vez más, varios periodistas fuimos asaltados como «hienas», mientras intentaban robar nuestro equipos. Es el día a día de los profesionales que trabajamos sobre el terreno. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon bombas lacrimógenas desde sus motos y las personas que transitaban por el lugar resultaron afectadas por los gases. Con el cielo encapotado se escuchaban los morteros de fondo.

90 días de resistencia

«A 90 días de resistencia hoy seguimos firmes y en la calle. Continuemos luchando unidos y con gallardía», manifestó el opositor Freddy Guevara. Además de la movilización en Caracas, la gente ya salió a las calles de Vargas, Valencia, Falcón y Zulia. Algunos dirigentes opositores denunciaron en las redes sociales que los accesos al poder electoral se encontraban bloqueados, pero insistían en que de igual forma intentarán llegar. El CNE pidió al Ministerio de Defensa que declare «zonas de seguridad» los centros de voto de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la «normalidad» de la votación, prevista para el 30 de julio pese al rechazo opositor. En rueda de prensa, la presidente del CNE, Tibisay Lucena, hizo esta petición al tiempo que recomendó aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección de 100 metros –como está previsto en el reglamento– a 500 metros.

Asimismo, señaló que están tomando medidas para que ese día los ciudadanos puedan ir a votar «en tranquilidad y en paz», en el marco de esta jornada electoral rechazado por la oposición. La manifestación forma parte de la agenda de actividades en contra del régimen que dio inicio el 1 de abril a una ola de manifestaciones, que se saldan con 99 muertos, según la oposición. En las última jornada han muerto cinco jóvenes de veinte años.