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Barrer la playa para frenar la crisis

Es necesario adaptar aeropuertos a líneas de cargo y mejorar la competitividad de los puertos españoles frente a grandes competidores como Tánger. o Nador

Es necesario adaptar aeropuertos a líneas de cargo y mejorar la competitividad de los puertos españoles frente a grandes competidores como Tánger

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o Nador

La sensación de crisis continúa extendiéndose y también la de que la receta de la política monetaria ultra expansiva no da para más. A pesar de que en su despedida como presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reactivado su disposición a la compra de activos tóxicos privados y de deuda pública a razón de 70.000 millones de euros al mes, el recorrido de la política de lanzar dinero desde el helicóptero se ha agotado. No basta con que los tipos de interés sean negativos para los bancos y reducidos para consumidores y usuarios, es necesario también que los particulares pidan préstamos y no parecen dispuestos a hacerlo en una situación de incertidumbre y con el recuerdo fresco de los años de la reciente crisis. Casi agotada la política monetaria, en Europa y el resto de economías en riesgo de recesión se vuelve a mirar al gasto público como muleta en la que apoyarse cuando vengan mal dadas o incluso antes; para evitar que el riesgo de crisis cuaje en recesión cierta. Con esa mirada cariñosa al gasto público, muchos analistas han asumido el término «espacio fiscal» para etiquetar a los países que pueden abrir la billetera del presupuesto público, ya que los particulares la tienen cerrada con cremallera. La definición de «espacio fiscal» es viscosa pero podemos aceptar que disponen de él los países que tienen superávit presupuestario y un nivel reducido de deuda pública sobre su PIB. Ponerle una cifra a esta segunda magnitud no es fácil pero los criterios para acceder en su momento a la moneda única instalaron la cifra del 60% del PIB como frontera a no rebasar. Así las cosas, tendrían superávit presupuestario Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Eslovenia y Suecia. De este listado de países con las cuentas públicas más que equilibradas habría que descartar aquellas con un nivel de endeudamiento alto respecto al PIB. Este criterio de expulsión sacaría de la lista a Grecia y casi a Croacia, Luxemburgo y Austria, todas ellas economías con entorno al 70 por ciento de deuda pública sobre el PIB. La lista se tendría aún que achicar liberando del esfuerzo de mayor gasto público a los países que –a pesar de tener saneadas sus cuentas– están considerablemente por debajo de la renta per cápita promedio de la Unión Europea. Con todos los descartes la lista se reduce a Dinamarca (0,5 por ciento de superávit y 33,6 por ciento de deuda sobre el PIB), Alemania (1,7 y 61), Holanda (1,5 y 50,9) y Suecia (0,9 y 36,3). España está descartada con un 2,5 por ciento de déficit y una deuda del 98,7 por ciento del PIB en el primer cuatrimestre de 2019. Pero no vayamos tan rápido. La política fiscal, en definitiva las decisiones de gasto público, es soberana de los estados y –a diferencia de la política monetaria– no está cedida a la Unión Europea. Ni Mario Draghi ni su sucesora, Christine Lagarde, pueden obligar a cambiar la política fiscal de ningún estado, lo que hacen es intentar persuadir para que lo hagan en aras de frenar una posible crisis. Dos apuntes más. Las políticas de gasto público se diseñan para beneficiar, principalmente, al país que va a soportar el esfuerzo de financiarlo con impuestos (actuales o futuros). Pero si esto es cierto, no lo es menos que sus efectos van más allá de sus fronteras a través de lo que los economistas llamamos «efecto desbordamiento». Así, un ciudadano alemán que se beneficie de un mayor gasto público en su país también podrá más cómodamente venir a veranear a la Costa del Sol. La mayor parte de su dinero se lo gastará en Alemania, pero no poca cerveza consumirá a pie de chiringuito malacitano. El segundo apunte es ¿dónde gastar el dinero? Europa tomó buena nota de la mala gestión del Plan E del presidente Rodríguez Zapatero. De pronto los ayuntamientos recibieron una lluvia de millones para financiar infraestructuras que equivalían al presupuesto de inversiones de unos cuatro años. Muchas decisiones de gasto innecesario siguen hoy jalonando parques y jardines; pistas de patinaje sin patinadores, líneas de tranvía sin tranvía, etc. Para no repetir errores como los citados, hay una serie de inversiones prioritarias que –a poco que se pueda– deben abordarse. En primer lugar, las orientadas a mejorar la conectividad deben repartir esfuerzos entre mejorar los corredores comerciales y luchar contra el vaciamiento del mundo rural. En segundo lugar, el invierno demográfico español y el envejecimiento de la población exige ampliar y adaptar las infraestructuras a miles de personas cuya movilidad es cada vez mayor. En tercer lugar y apostando por la competitividad de sectores industriales estratégicos como el agroalimentario, un experto como el ingeniero Eusebio León apunta a la necesidad de desarrollar terminales de carga aérea para los productos de mayor valor añadido. En definitiva, se necesita adaptar aeropuertos a líneas aéreas de cargo y también mejorar la competitividad de los puertos españoles frente a los grandes competidores como Tánger o Nador. Naturalmente la lista no pretende ser exhaustiva pero sí hay decisiones que no se pueden repetir. Hace sólo unos días mientras paseaba por la playa reparé en el trabajo de varios empleados municipales que aún mantenían sus contratos veraniegos en un septiembre agonizante. Barrían de arena de la playa la pasarela de madera que unían dos puntos de duchas. Al poco despertó el viento de levante.