Fernández, ex titular de Empleo, reitera que frenó un pago ilegal de 600.000 euros

No llegó a un cuarto de hora. Ése es el tiempo que duró la quinta declaración en sede judicial del ex consejero de Empleo Antonio Fernández motivada por el «caso ERE». Era la segunda ocasión en la que accedía a hablar y la primera ante la jueza María Núñez Bolaños. A ella le transmitió que frenó el pago de más de 600.000 euros que exigían las empresas concesionarias de los servicios de limpieza en Granada Cespa y FCC, porque esa ayuda, acordada con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también imputado, no tenía cabida dentro de la legalidad.

Fernández reiteró a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción lo relatado ya en abril de 2012 ante la primera instructora de la «macrocausa», Mercedes Alaya. Su versión es que tuvo constancia de la reclamación de Cespa y FCC por primera vez en 2009, cuando un abogado se puso en contacto con su departamento para exigir el dinero comprometido por Guerrero, quien ya había dejado la Junta. «Lo curioso de este expediente», explica su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, a LA RAZÓN, «es que, a diferencia de lo que sucede en otros por los que se ha imputado a mi cliente, sí hay una firma de éste, pero es para dar una instrucción a su entonces director general, Juan Márquez –otro encausado–, de que ese pago de 600.000 euros no se hiciera». Ya se habían abonado antes unos 250.000, a los que se sumaron otros después de salir Fernández de Empleo, por lo que el letrado afirma desconocer los motivos por los que su representado está imputado en la pieza.