Gordillo planea poner las tierras de la Junta a nombre de una fundación

El alcalde de Marinaleda pretende así evitar la compra-venta del Humoso y baraja que entre los patronos esté el ex portavoz del SAT, Diego Cañamero, o el ex Defensor José Chamizo

En asambleas. Así se decide todo en teoría en el municipio sevillano de Marinaleda, símbolo de la utopía del campo andaluz desde que en 1991 se notificara a sus habitantes que contarían con 1.200 hectáreas de tierra expropiadas por la Junta de Andalucía al duque del Infantado, tras múltiples presiones a la Consejería de Agricultura. Los terrenos del Humoso fueron cedidos a los jornaleros que hasta entonces vivían sin más horizonte que el de trabajar las tierras del aristócrata los meses que a éste dijera. Ahora en Marinaleda, gobernada desde 1979 por el peculiar Juan Manuel Sánchez Gordillo, todo requiere de discusiones entre los asistentes a aquéllas.

Son una especie de «Parlamento obrero», de «Gobierno colectivo de los trabajadores», como le gusta decir al alcalde, un histórico de la CUT, en el que se fijan las normas por las que se tiene que regir la comunidad y las acciones o movilizaciones que entienden «necesarias» para conseguir sus «reivindicaciones». Constituyen «el máximo órgano de gobierno local», se asevera en la web del Ayuntamiento, en la que se explica también que se suelen reunir unas 25 o 30 veces al año.

Este enero de 2016 ya se ha celebrado una en la que, según fuentes locales, «hubo cierta tensión». ¿La causa? No todos los concurrentes estaban de acuerdo «a priori» con una propuesta impulsada por Sánchez Gordillo en relación a esos terrenos del Humoso, enclavados en la Vega del Genil, en la comarca sevillana de Estepa, al calor de los cuales nacieron las industrias manufactureras locales. Dese el Ayuntamiento se defiende que las antiguas tierras del noble no son propiedad de nadie, sino de un pueblo «que lleva años luchando por la utopía de una sociedad y un mundo mejor, más justo, igualitario, pacífico, ético, ecológico y humanitario del que hoy tenemos». Pero esto no es así. El dueño es el Gobierno andaluz y éste decidió, arrancada la crisis económica, intentar vender sus fincas para hacer caja, incluidas las de Marinaleda, a ser posible, a los jornaleros que las trabajan para proporcionar productos agrícolas a la cooperativa Humar, de nuevo, dicen, de propiedad colectiva.

En ese escenario, Sánchez Gordillo aboga por crear una fundación «para poner las tierras a su nombre» y evitar así «que se puedan vender y comprar», según pudo saber LA RAZÓN y confirmó el propio regidor. Esa fundación tendría un patronato, una junta de personas que dirijan los asuntos del organismo, de la que se baraja que formen parte nombres como el ex portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, o el ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Si bien, los fichajes están por corroborar, dado que fuentes municipales aseguran que «no todos los cooperativistas veían con buenos ojos los planteados». Lo que sí ratificó el alcalde a este diario es que «la idea de la fundación va para adelante».