La Junta condena a los centros diferenciados a acudir a los tribunales

La Junta de Andalucía está cumpliendo su amenaza que pretende acabar con los doce centros de educación diferenciada, siete de los cuales se hallan en la provincia de Sevilla, negándoles la concertación si no introducen un modelo pedagógico mixto para el alumnado de nueva entrada en el curso 2013-14. Ayer arrancó el periodo de diez días para presentar alegaciones al Proyecto de Orden remitida a los centros y que, salvo giro inesperado, serán rechazadas en su integridad, pues ninguno está dispuesto a renunciar a un sistema con resultados académicos superiores a la media y un bajo nivel de fracaso escolar.

Con ello, la Consejería de Educación prácticamente obliga a los colegios a acudir a los tribunales, donde previsiblemente se atienda el cambio en la voluntad del legislador, evidenciada en la Ley de Presupuestos (el artículo 17.8 dice expresamente que la educación diferenciada puede ser sostenida con fondos públicos) y en la futura «Ley Wert». Es por ello que centros y padres, defensores de este modelo, entienden que se trata de una medida puramente «ideológica» y que genera incertidumbre y preocupación en las 5.000 familias afectadas en Andalucía de forma innecesaria, siendo además la única comunidad de España que no respeta el modelo. «Aquí somos ciudadanos de segunda categoría», dijo Esteban Guerrero, gerente del Altair.

La consejera Mar Moreno se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que deniega la utilización de fondos públicos para financiar este tipo de colegios atendiendo a la Ley vigente en octubre de 2012. De hecho, ayer se conoció que el mismo tribunal había rechazado la nulidad solicitada por el colegio implicado, el «Molino Azul» de Lora del Río, cuyos dirigentes esgrimían que existía una contradicción en el dictamen, al reconocer que los centros diferenciados «no discriminan» y que son «legítimos».

Ahora, los centros y los padres de los niños y niñas mantienen que la ley les «ampara» y que la voluntad del legislador ha cambiado. Cada centro ha recibido un proyecto individualizado y remitirá sus alegaciones. Si fueran denegadas, quedarían los Tribunales de Justicia. «Si la consejera no da marcha atrás, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para solicitar la suspensión cautelar y evitar un atropello en Andalucía», esgrime el gerente de Altair, que en principio remite al Decreto de Escolarización 2011 (Art. 7.3) para interpretar que el efecto de la pérdida del concierto se aplicaría sólo a los nuevos alumnos de Infantil, 50 niños, aunque si la Junta lo aplica a cada cambio de nivel (Primaria, Secundaria...) sólo en Altair estarían afectadas 250 familias, la mayoría de las cuales sin poder adquisitivo para pagar una educación privada. Algo que se repetiría en los dos colegios de las Hermanas de la Cruz, por ejemplo, donde la mayoría de niñas son acogidas o proceden de famlias sin recursos suficientes.

El alcalde también se refirió al tema y consideró que se trata de «una gravisíma equivocación de la Junta», sobre todo cuando «no tiene actualmente posibilidad de sustituir la formación» que en estos centros se recibe: «Me parece una postura demagógica, absurda y sectárea». Zoido pidió a la consejera que «dé la cara» y «que vaya al colegio Altair, en el Cerro del Águila y las inmediaciones de Rochelambert, y se lo explique a los padres, yo he estado allí», y ésta es la mejor forma de «saber qué es lo que piensan los padres que tienen allí escolarizados a esos niños. Y no le digo que le pregunte qué es lo que votan esos padres, pero no estaría mal».

Los padres, unidos en la plataforma «Mis padres deciden» agilizan los trámites para organizar una manifestación la próxima semana y tampoco descartan adoptar medidas legales en defensa de sus derechos.